Asturias quiso cambiar, pero paró. Acabó desistiendo, desmarcándose de la pulsión que sí sintieron otras regiones, una apreciable mayoría, para actualizar a su gusto su Estatuto de Autonomía. La cirugía del documento que delimita competencias y sienta las bases del desarrollo de la comunidad ha quedado pendiente varias veces en las que al Principado le faltó, como tantas otras antes y después, el amplio consenso político que requiere la modificación del marco estatutario. A iniciativa del Gobierno regional, hubo al menos un intento vano, y no el último, en torno al vigésimo quinto aniversario de la aprobación del Estatuto, hace ahora diez años y previa petición de un profuso dictamen al Consejo Consultivo que por ausencia de acuerdo político no desembocó en medida concreta alguna. No se hizo en 2006 y ahora, cuando la norma fundacional de la comunidad autónoma acaba de cumplir 35 años, esa parálisis hace a algunos especialistas afirmar que "nuestras instituciones no se han hecho respetar como debieran, impulsando desde aquí una reforma del Estatuto asturiano como han hecho otras comunidades que nacieron por la misma vía, como Castilla y León o Aragón".
Miguel Presno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, pronuncia la frase al contemplar estos tres decenios y medio con la amargura de un observador no del todo satisfecho con el desarrollo que ha conocido la norma básica de la autonomía. De un Estatuto, concreta, que a finales de 1981 fue un hijo de su tiempo, que nació como "producto de una época en la que las cuestiones autonómicas se 'arreglaban' desde Madrid a través de acuerdos entre PSOE y PP, con escaso respeto por las instituciones de comunidades como Asturias", y que después ha esquivado alguna que otra oportunidad de mejorar guiándose a sí mismo. A los que piensan como él no se les escapa que las cuatro modificaciones del Estatuto en 35 años han venido orientadas por las alteraciones del techo competencial decididas para el conjunto del Estado.
El constitucionalista suma su voz a las que mencionan el mecanismo electoral cuando la pregunta es si hay algo esencial que cambiar en la arquitectura institucional de la que sienta las bases el Estatuto. "Requiere por lo menos una revisión", apunta su colega Ignacio Villaverde; "si este Estatuto no ha dado el rendimiento que cabía esperar", le acompaña el politólogo Óscar Rodríguez Buznego formulando una opinión compartida y extendida, "no es porque las instituciones estén mal diseñadas, la comunidad autónoma está bien hecha, aunque soy partidario de que se estudien y llegado el caso se realicen algunas reformas" y aquí sí cita expresamente el sistema electoral. El cómo, el porqué y el para qué de esa renovación llevan un tiempo encendiendo periódicamente las alertas de la agenda política, pero no han conseguido, otra vez, el consenso imprescindible para disponer de los apoyos que las saquen adelante.
Son defectos no tanto de la formulación estatutaria, que señala el camino, como de su recorrido posterior, y requeriría, añaden los especialistas consultados, modificaciones del Estatuto y de la ley electoral que lo ha desarrollado. En la norma básica, Miguel Presno eliminaría por ejemplo "la exigencia de que el Presidente tenga que ser miembro de la Junta, algo que no se requiere para ser Presidente del Gobierno". También acabaría con "la previsión de que si hay elecciones anticipadas la nueva cámara tenga un mandato limitado al término natural de la legislatura originaria". Suprimiría además los aforamientos de los parlamentarios autonómicos y define "poco presentable que las actividades ordinarias del parlamento se ciñan a los meses de septiembre a diciembre y de febrero a junio".
En la ley electoral y en la del Presidente, desarrollos legislativos por mandato del Estatuto, se levantan otros ámbitos de espinosa fricción entre partidos y revisiones posibles. Presno y Villaverde coinciden por ejemplo en cuestionar abiertamente las bondades del método genuinamente asturiano de elección del Presidente en el que se impide a los diputados votar "no" en la investidura. A cambio de facilitar la formación de gobierno, esa restricción de las posibilidades de voto al "sí" o la abstención de los diputados contribuye a configurar, opina Villaverde a ejecutivos "excesivamente débiles a la hora de gobernar", con apoyos exiguos, y a las pruebas más recientes se remite. El Gobierno actual acaba de sacar adelante su presupuesto, recuerda, "a duras penas y ya veremos a qué coste político". Presno opone además que el método "favorece el nombramiento de Presidente a costa de cercenar la libertad de nuestros representantes" y que una reforma haría el sistema más democrático, además de que "no se trata de formar a toda costa un Gobierno, sino de que el que se forme cuente con un respaldo suficiente en la cámara". Rodríguez Buznego impone la necesidad de acometer los cambios después de una profunda y previa "discusión" que sigue pendiente sobre sus motivaciones y propósitos y enuncia en este punto los debates recurrentemente pendientes sobre el desbloqueo de las listas, la división del mapa electoral en circunscripciones o la limitación de mandatos. A su juicio, el asunto no ha sido abordado desde la perspectiva correcta, "dependiendo del objetivo, la reforma irá en una dirección u otra, pero el objetivo no ha sido precisado todavía".
Son todas cuestiones originadas en el modelo acordado en el Estatuto, no tanto defectos de su arquitectura como frutos de su desarrollo legislativo posterior. En uno de los clásicos, lanzado sobre la mesa de los asuntos pendientes en la pasada legislatura por UPyD y en ésta por Ciudadanos, queda en el aire el mapa electoral y sus tres circunscripciones, cuestión espinosa sobre la que no hay acuerdo político ni entre los especialistas. El vigente, opina Ignacio Villaverde, "era un modelo que garantizaba un determinado resultado político, pero que hoy tiene algún rechinar desde el punto de vista de la proporcionalidad y la representatividad. Requiere por lo menos una revisión", concluye.
