El PP ha despertado viejos fantasmas dormidos con su propuesta enunciada y no concretada de establecer vínculos estables entre el cobro del salario social y el empleo. Con mayor o menor beligerancia, más la de IU y los sindicatos que la del Gobierno, los populares empezaron ayer a recibir indicios de recelo antes de que se sustancien los pormenores de su oferta, que el Principado no valorará hasta que se concrete, pero que al decir de la consejera de Servicios Sociales tampoco inventa nada. "Este asunto ya viene recogido en la ley que regula la renta mínima", afirma Pilar Varela, "y es una línea de trabajo prioritaria para el Ejecutivo, que se ha marcado como objetivo principal para esta legislatura mejorar la coordinación entre salario social y empleo".

Varela concreta sus intención con programas en funcionamiento y habla de la confección de estudios sobre la evolución de la prestación, y "de convenios de colaboración con los servicios de empleo autonómico y estatal para mejorar el cruce de datos entre los dos sistemas, agilizar la gestión de expedientes o impulsar itinerarios de inserción socio-laboral". El pasado noviembre, remata la Consejera, dio orden de priorizar "la revisión de todos los expedientes relacionados con temas de empleo".

Menos condescendiente, el portavoz de IU en la Junta desdeñó la "contrarreforma" del salario social que ofrece el PP y que induciría un retroceso de una década en la gestión de la renta básica. Gaspar Llamazares rechaza la ligazón al empleo de una ayuda que es "un derecho subjetivo de los asturianos por el hecho de serlo" y da por hecho que así se desvela de dónde va a salir el dinero de menos que tendrá el Principado después de aceptar la rebaja del Impuesto de Sucesiones que le aceptó al PP, "del recorte del salario social". El parlamentario entiende que los populares optan por "recortar derechos" y no pierde la oportunidad de recordar "aquellas palabras" del diputado Matías Rodríguez, allí donde "insinuaba que los perceptores del salario social no quieren trabajar".

En esa línea, el secretario general del sindicato CCOO, Antonio Pino, acusa al PP de sembrar "dudas mezquinas" sobre los perceptores de una ayuda que, a su juicio, "se ha disparado en Asturias porque nuestra región se tiene que hacer cargo de todos los parados que se han quedado sin prestaciones por desempleo tras los recortes del PP". Pino recuerda además que la inserción laboral de los beneficiarios está ya recogida en los acuerdos de concertación social.