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La protección ambiental de la región

Los concejos, obligados por ley a controlar los ruidos en sus territorios

El Principado insta a los municipios de más de 5.000 vecinos a disponer en tres años de ordenanzas para prevenir la contaminación acústica

Una retención de tráfico en el barrio ovetense de Ciudad Naranco. MIKI LÓPEZ

El Principado recluta a los concejos para que participen en la "guerra" contra el ruido excesivo en la región. Se trata de un combate cuyo objetivo final es evitar situaciones como las que se está dando, por ejemplo, en la localidad sierense de Lugones, donde uno de cada cinco vecinos convive a diario con unos índices acústicos derivados del tráfico por encima de lo que los expertos consideran adecuado para la salud. Así, el anteproyecto de ley sobre Sostenibilidad y Protección Ambiental que está tramitando la Administración autonómica da un plazo máximo de tres años a todos los concejos asturianos de más de cinco mil habitantes para que aprueben ordenanzas específicas en materia de contaminación acústica, a fin de prevenirla o reducirla. Ese mismo texto también obliga a todos los municipios que superen los 20.000 vecinos a tener listos antes de 2020 sus propios mapas de ruido, así como a llevar a cabo una zonificación acústica de sus territorios con el compromiso expreso de encargarse de la vigilancia, la inspección y el control de la contaminación acústica en todas las actividades sujetas a licencias municipales.

El anteproyecto de ley, todavía en fase de borrador, también recoge, por lo que concierne a las competencias autonómicas, la creación de zonas de protección acústica especial, entre las que podrán figurar los entornos de los centros sanitarios o educativos, y para las que se prevé la redacción de planes específicos mucho más restrictivos que los realizados para el resto del territorio. Según los mapas de ruido elaborado en 2016 por la Consejería de Medio Ambiente, y que van a ser remitidos este año a la Comisión Europea, un total de once colegios de la región soportan en la actualidad un nivel de ruido por encima de lo saludable a causa del tráfico. Siete de estos centros educativos están ubicados en San Martín del Rey Aurelio y en Langreo, afectados por el paso de la carretera AS-117, de Avilés al puerto de Tarna.

Estos mismos estudios confirman que 4.503 asturianos soportan un nivel de ruido superior a lo permitido a causa de la circulación en las doce carreteras de titularidad autonómica con más uso.

Los técnicos que han elaborado los mapas han conseguido identificar 187 "zonas de conflicto" con niveles de contaminación acústica por encima de lo aconsejable en la red regional de carreteras. Todos van a ser analizados al detalle con el objetivo de decidir si deben ejecutarse actuaciones concretas para rebajar el ruido. Además, llegado el caso, también podría proponerse un orden jerárquico de las obras a desarrollar. La Autovía Minera es la calzada en la que se ha encontrado un mayor número de puntos de riesgo, especialmente a la entrada de Gijón, aunque el nivel de personas afectadas por la vía autonómica con un mayor nivel de tráfico se queda en 235.

Licencia municipal

Además de las actuaciones para la reducción de la contaminación acústica en la región, el anteproyecto de ley que maneja la Consejería de Medio Ambiente incluye como novedad una nueva figura jurídica en el ámbito del Principado. Se trata de la licencia ambiental municipal, prevista para todo lo que hasta ahora se venía rigiendo por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Así, deberán de solicitar este permiso quienes pretendan iniciar proyectos relacionados con instalaciones de combustión, industrias extractivas, transformación de metales ferrosos, industrias minerales, químicas, vertederos de todo tipo, gestión de residuos, industrias de la madera, confección, ganadería, acuicultura, consumo de disolventes orgánicos, tratamiento de aguas, producción y distribución de energía, parques eólicos, subestaciones eléctricas, hostelería, tabaco, salas de cine, academias de baile, residencias o recintos feriales.

La normativa legal que prepara el Principado establece que la licencia municipal será otorgada por la Alcaldía del concejo en que se solicite en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido ese tiempo, y en el caso de que la Administración competente no conteste, la petición se dará oficialmente por rechazada.

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