Asturias está entre las comunidades autónomas que menos uso efectuó en 2016 de su capacidad normativa para rebajar los tributos sobre los que tiene el control, según constata un reciente informe realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un órgano nacido con el objetivo de velar por el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Este análisis no tiene en cuenta la modificación del impuesto de Sucesiones acordado para este ejercicio entre PSOE y PP para la aprobación de las cuentas de 2017.
En su estudio sobre cómo las comunidades autónomas han ido cumpliendo sus objetivos de estabilidad y deuda pública a lo largo del pasado año, la entidad señala que Madrid, Cantabria y La Rioja fueron las comunidades que más beneficios fiscales aplicaron a los contribuyentes de su región en los tributos cedidos.
Respecto a estos tributos cedidos, el documento recoge que Madrid es la comunidad que más beneficios fiscales aplica, equivalentes al 1,7% del PIB de la región, seguida de Cantabria (1,2%) y La Rioja (0,8%). Asturias se encuentra, en cambio, en la cola de la lista, con una rebaja tributaria del gobierno a los asturianos que apenas representa el 0,6% del producto interior.
El estudio también cuantifica la diferencia entre la capacidad normativa ejercida por cada comunidad en el conjunto de sus tributos (cedidos y propios) y el efecto en 2016 de los beneficios fiscales. Con este indicador, obtienen un saldo negativo Madrid, Cantabria, La Rioja, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León, mientras que Asturias se encuentra entre las comunidades en las que la capacidad normativa tributaria propia tiene un efecto mayor que la de los beneficios fiscales para su ciudadanos.
Este análisis se relaciona con el que fue uno de los motivos de tensión en la última Conferencia de Presidentes, en la que se manifestaron las tensiones territoriales que ocasionan los dispares criterios de las comunidades autónomas a la hora de hacer uso de sus potestades fiscales. El presidente asturiano, Javier Fernández, y la presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, ambos socialistas, reprocharon a la presidenta de Madrid, la popular Cristina Cifuentes, que reclamase una mejora en la financiación de su comunidad autónoma a costa del reparto general al tiempo que no eleva la presión fiscal propia sobre sus ciudadanos, empleando los tributos autonómicos.
Cifuentes se quejó de las diferencias entre las distintas comunidades autónomas en la financiación per cápita y reclamó una mejora para Madrid. La presidenta madrileña esgrimió que su comunidad autónoma es "la región más solidaria con el conjunto nacional, aportamos el 78 por ciento de los recursos al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales". Madrid aportó el pasado año 3.248 millones de los 4.175 que ponen las comunidades autónomas que son contribuyentes netos.
La respuesta de Javier Fernández y Susana Díaz no se hizo esperar y ambos acusaron a la comunidad madrileña poco menos que de actuar casi como un paraíso fiscal en el conjunto de España al rebajar considerablemente los tributos sobre los que tiene potestad normativa para luego quejarse de que su financiación es escasa, al tiempo que cuenta con la renta por habitante más alta.
La Conferencia de Presidentes que se celebró el pasado martes dio lugar al compromiso de iniciar en un mes la reforma del sistema de financiación autonómica, un cambio legislativo que lleva pendiente desde 2014 y que ahora el Ejecutivo quiere cerrar antes de que acabe 2017.
Impuesto de Patrimonio
Cataluña, Extremadura, Valencia, Baleares y Aragón son, por otro lado, las comunidades autónomas en las que más se paga por el impuesto de Patrimonio, según una comparación de las normativas aprobadas por cada territorio. Todas ellas, salvo Baleares, han establecido un mínimo exento menor que la norma general estatal, que asciende a 700.000 euros, y las cuatro primeras aplican tipos impositivos más elevados que el resto.
De nuevo entre las comunidades que más bonifican se encuentra Madrid (con una rebaja del cien por ciento de la cuota) y La Rioja, con el 50 por ciento. Precisamente las comunidades socialistas piden la armonización de este tributo y del de Sucesiones. Madrid acapara el 59,6 por ciento de los declarantes de más de 30 millones de euros de patrimonio neto y el 49,7 por ciento de los que poseen más de 6 millones de euros.
