La tramitación electrónica, que será íntegra en octubre de 2018 cuando entren en vigor todos los registros de las Administraciones, ha planteado problemas estructurales en Asturias porque algunos colectivos no están preparados para afrontar un cambio tan profundo que, a juicio de los expertos, ha resultado "sorpresivo". Aunque uno de los objetivos de la comunicación telemática era conseguir un ahorro económico en papel, por el momento no se ha frenado de manera significativa hasta el punto de que en algunas administraciones, como por ejemplo la de Justicia, ha crecido su consumo.
La nueva ley de del Procedimiento Administrativo Común de Administraciones Públicas, aprobada en octubre de 2015, entró en vigor un año después. A partir de esa fecha, tanto las personas jurídicas, como las entidades sin personalidad jurídica entre las que se encuentran las comunidades de bienes y de propietarios, se vieron obligadas a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. Es decir, la nueva norma ponía coto a la entrega presencial y física de documentos y hacía de la tramitación electrónica el medio habitual de relación entre la administración y los ciudadanos. La nueva normativa, no obstante, exime a los particulares o personas físicas de la obligatoriedad de relacionarse con la Administración a a través de medios telemáticos.
Ignacio González, director de Apoyo Corporativo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), hace una valoración con luces y sombras, tras los primeros meses de la nueva normativa. "Si el sistema funcionase bien es un paso inevitable y positivo pero el periodo transitorio debía de haber estado más informado y ser más paulatino". En su opinión, los problemas detectados en estos meses "suponen un toque de atención para cuando en 2018 ya no haya cortafuegos y la tramitación electrónica sea íntegra y sin posibilidad de recurrir a procedimientos alternativos".
Entre los problemas "cotidianos", Ignacio González señala las dificultades que deben afrontar colectivos como las comunidades de propietarios y de bienes al tener que presentar por vía telemática todas sus comunicaciones ya sea a los ayuntamientos o a la administración del Principado. Los consistorios actuaron de forma distinta. "Algunos, más pequeños, permiten completar la presentación de documentos de forma presencial, otros en cambio son más inflexibles", añade el responsable de Apoyo Corporativo de la patronal asturiana.
El ambicioso objetivo de "papel cero", que se persigue con la tramitación electrónica, no se ha alcanzado. En la administración de justicia, el gasto en papel y en tóner de impresión se duplicó en Asturias tras la implantación del expediente electrónico, según confirmaron los responsables políticos de ese departamento. El Gobierno regional confía en invertir esa tendencia a lo largo de este año.
