El Principado ha aprobado el proyecto de Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida, popularmente conocida como "Ley de muerte digna", que consagra la renuncia a recibir terapias al final de la vida y limitar a los cuidados paliativos la asistencia sanitaria. Los expertos dan el visto bueno al texto porque se trata en realidad de dar un marco legal a una práctica ya habitual con la que se trata de evitar síntomas dolorosos o angustiosos, explicó el presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Alejandro Braña.

La nueva regulación deja al margen la eutanasia y el suicidio asistido, ya que ambas son de competencia estatal. Pero además, un proyecto de estas características se encontraría con el rechazo frontal de los profesionales de la medicina. "Los médicos no están para inducir la muerte del enfermo, sino para lo contrario, y cuando se habla de cuidados paliativos se trata de asistir al paciente, no de provocar o acelerar el proceso final irremediable", explicó Braña.

El proyecto de Ley de la Muerte Digna se aplicará a las personas que se encuentren al final de su vida o que afronten decisiones relacionadas con ese proceso tanto en su domicilio como en un centro sanitario.

El texto consolida la seguridad jurídica de los servicios sanitarios, ya que regirá sobre los familiares y representantes, y sobre el personal implicado en el cuidado al enfermo e incluso a los servicios y establecimientos sanitarios, sociales y a las entidades aseguradoras.

El enfermo detallará en un documento previo sus instrucciones y preferencias para ser asistido en los últimos momentos de su vida. "El paciente tiene derecho a recibir información, a no recibirla si no quiere e incluso a recibirla limitada, sólo hasta cierto punto. Si no quiere saber que se muere no hay por qué decírselo, y si quiere saberlo todo hay que explicárselo todo", señaló el presidente del Colegio de Médicos.

El enfermo también tiene derecho a decidir qué tipo de tratamientos quiere tener al final de su vida, siempre para evitar el dolor o la angustia. "Las unidades de cuidados paliativos funcionan desde hace años, y hay una ocupación evidente de las autoridades sanitarias por esta cuestión. Esta ley servirá para garantizar la dignidad del paciente, su autonomía y voluntad, y también de garantía jurídica a los servicios sanitarios ante posibles conflictos legales o éticos que pudieran surgir", remarcó Alejandro Braña.