La controversia por la exigencia del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de hórreos y paneras vive encallada en un complejo "entramado jurídico" que ahora tratará de iluminar la Comisión de Patrimonio Etnográfico del Principado. El consejero de Cultura, Genaro Alonso, espera para este mes, dijo ayer en la Junta, los resultados del trabajo del grupo que se ha constituido en la Comisión para aclarar la cuestión básica sobre la "naturaleza jurídica" que han de tener los graneros tradicionales", o lo que es lo mismo, si han de ser considerados inmuebles, y están por tanto sujetos a tributo, o su condición de estructuras desmontables y transportables puede otorgarles la etiqueta de bienes muebles.
A preguntas de Podemos en la sesión de control de ayer, Alonso se introdujo en la complejidad jurídica del asunto después de asegurar que el IBI es un tributo estatal que recaudan los ayuntamientos sobre el que ninguna competencia tiene el Principado, que la propia calificación de muebles tiene sus propias implicaciones, toda vez que así se dificulta su inclusión en los catálogos urbanísticos de protección. Todo depende, destaca Alonso, de una "normativa estatal que prevalece sobre la nuestra" y que "habría que revisar", dada la posibilidad de la "paradoja de que nosotros los calificásemos como muebles y la ley estatal les aplicase el IBI".
La diputada de Podemos Lucía Montejo emplazó al Principado a dirigirse al Ejecutivo estatal y a exigirle las modificaciones normativas necesarias para eximir a los hórreos del IBI y a los ayuntamientos a "aplicar de oficio" la exención que opera para los hórreos de más de cien años y que en la mayoría de los casos debe ser solicitada por los propietarios.
