La tercera propuesta de ley contra la corrupción promovida en año y medio de legislatura entró ayer en la Junta General del Principado para volver a poner a prueba la disposición al consenso de los grupos de la cámara. Llega con el ruido de fondo del reiterado emplazamiento del PP a la unificación de la profusa normativa en trámite sobre el asunto y con el acompañamiento de cierta adhesión del PSOE a este planteamiento y de algún atisbo de resistencia desde Podemos. El caso es que después de la ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada por el Ejecutivo para su entrada en la cámara, y de la proposición de ley de oficina anticorrupción que se tramita a instancias de la formación morada, la Junta presenta la iniciativa legislativa para reforzar la Inspección General de Servicios. Planteada por Ciudadanos, ayer recibió el sí unánime de todos los grupos a la toma en consideración que lanza su trámite parlamentario. Se le abrieron las puertas de la cámara con el serio condicionante de que PSOE y Podemos tienen ya sus propias iniciativas en proceso y el PP una oferta de refundir las tres en una.

El diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé justificó la pertinencia de la suya en la certeza de que hasta ahora los mecanismos de control interno en la Administración "han fracasado" y en la conciencia de que la regulación de la inspección roza la obsolescencia desde que la organiza un decreto de 1988. El parlamentario presentó además su iniciativa como una oportunidad de usar esta oficina de "asuntos internos" del sector público también como un instrumento para "evaluar el funcionamiento cotidiano de los servicios". Si la proposición saliera adelante tal y como está redactada, la inspección pasaría a tener nivel orgánico de dirección general y se reforzaría "la independencia funcional de sus actuaciones y la del personal a su servicio".

Como quiera que su acceso a la Junta eleva la inflación de normativa anticorrupción pendiente de aprobación, queda por saber si los grupos asienten a la propuesta de armonización legislativa que ayer reiteró el PP. "No se trata de hacer textos legales como churros, sino normas precisas y eficaces", asintió a su modo la diputada del PSOE Margarita Vega, partidaria de "armonizar su contenido con las otras propuestas en la materia que se tramitan en la Junta", persuadida de que "deben evitarse duplicidades y sobreestructuras". Gaspar Llamazares (IU) detecta la necesidad de "deslindar competencias" y en Podemos se muestran mas remisos. Sin decir abiertamente que se oponen a la fusión de leyes, de acuerdo en el fracaso de los mecanismos anticorrupción vigentes, el diputado Enrique López ve llegado el momento de "dar la cara y retratarse sobre si realmente queremos limpiar o nos dedicamos al maquillaje" y dice que "nos importan más los contenidos que el envoltorio", que "preferimos el acuerdo con cuatro leyes bien sistematizadas a una sola empantanada como sucedió en la legislatura pasada con la de Transparencia".