"Negociar el acuerdo para devolver los avales a Tribugest fue iniciativa mía", aseguró en febrero del año pasado ante la jueza Pilar de Lara el interventor del Ayuntamiento de Oviedo, José Luis González, que el pasado diciembre eludió ir a la Comisión Aquagest. En febrero del año pasado, sometido a un implacable interrogatorio de la jueza, el interventor aseguró que fueron los representantes de Tribugest -empresa del mismo grupo que Aquagest- quienes se reunieron, en una ocasión, con él, y de allí salió la decisión de que la empresa renunciase al contencioso que tenía planteado frente al Ayuntamiento a cambio de la devolución de los avales por importe de 403.000 euros. Cuando hubo llegado a un acuerdo, dijo, fue al despacho del entonces concejal de Economía, Agustín Iglesias Caunedo, y le informó del mismo. Caunedo, dijo, simplemente le preguntó si consideraba que era la mejor solución y esa fue la que terminó aprobando el Gobierno municipal, tras la renuncia de la empresa a las acciones legales que tenía planteadas, y que según el interventor, hubiesen supuesto un grave quebranto a un Ayuntamiento ya golpeado por las sentencias de Villa Magdalena.
La juez, y la letrada del Observatoriu Anticorrupción d'Asturies (OCAN), Gemma Arbesú, no se lo creyeron. Le preguntaron por ejemplo, qué tipo de conocimientos legales tenía para aventurar los perjuicios por el contencioso, y si no hubiese sido mejor que hubiesen tomado la iniciativa los letrados municipales. Juró y perjuró que no había recibido instrucciones de Caunedo.
