Podemos regateó ayer en solitario la propuesta del PP de refundir en una sola las tres leyes contra la corrupción que en sólo año y medio de legislatura han cruzado ya la puerta de la Junta General del Principado. La formación morada defiende la suya, la ley de Oficina Anticorrupción, la más adelantada en su trámite parlamentario, a costa de aguantar la crítica unánime de todo el resto de los grupos. Todos excepto Podemos manifestaron ayer su descontento por el consenso frustrado mientras el podemista Emilio León, persuadido de que "lo único que pretendía el PP era que retirásemos nuestra ley", salía de la Junta de Portavoces con algo más que una sospecha de que se agarra a una iniciativa que no saldrá adelante. Pero le interesa que se vote, vino a decir ayer, para retratar conductas -"toca dar la cara", adelantó en el pleno del viernes el diputado Enrique López-. "El resto de los grupos tendrá que explicar, llegado el caso, por qué votan en contra de una Unidad Anticorrupción después de los escándalos que hemos visto en la política asturiana", dejó dicho ayer el portavoz de Podemos.
El caso es que la lucha contra la corrupción y el fraude ha servido para revelar estrategias de parte a parte en la Junta. Desde algunos sectores del hemiciclo se ve a Podemos arrinconado en este territorio, abocado a "la marginalidad parlamentaria" si se hace caso a la portavoz del PP, Mercedes Fernández, o enrocado en su estrategia, "sacrificando la eficiencia por la espectacularidad" en la versión del socialista Fernando Lastra. El portavoz del PSOE aclara que consideraba "constructiva, positiva y útil" la oferta unificadora del PP y reincide en la carga sobre Podemos diciendo que en terreno tan resbaladizo como la batalla contra la corrupción mejor haría si pusiera "el trabajo al servicio del objetivo y no de la propaganda". Lastra denuesta la oficina que ofrece Podemos por "inútil y poco práctica", pero observa en ella "ideas aprovechables" para una mezcla hecha con lo mejor de las leyes en trámite.
Eso pretendía el PP, o eso dijo, usando un mecanismo reglamentario de redacción legislativa conjunta frustrado por la negativa podemista. La formación morada defiende su propuesta, que se encuentra en fase de enmiendas, y su compatibilidad con las iniciativas en marcha. Lo hace aunque la oposición manifestada ayer por PSOE y PP la haga inviable. "Entendemos que quienes han estado en el frente de la corrupción no estén en condiciones de impulsar nada que suene a anticorrupción", reaccionó ayer Emilio León, cómodo en mitad de la crítica unánime -manifestada ayer también desde IU, Foro y Ciudadanos- a la falta de acuerdo en torno a la unificación legislativa.
Sin negarse al diálogo, León acepta el envite que remite a uno de sus clásicos, la connivencia entre PP y PSOE, y no pierde la ocasión de señalar con el dedo "el grado de encuentro sorprendente" que detecta entre las dos fuerzas mayoritarias de la cámara. A su juicio, populares y socialistas "han echado el freno de mano en la lucha contra la corrupción tras unas Navidades en las que parece que se han ido juntos de convivencias". Y son ellos, remata, quienes hasta ahora "han sido incapaces de armonizar la legislación contra la corrupción".
Al otro lado de la polémica, mientras Mercedes Fernández reincide en la censura de quienes pudiendo enarbolar "una gran bandera, la de todos", han optado por "un pequeño banderín", Gaspar Llamazares (IU) lamenta "que no sea posible un acuerdo previo" y apuesta por intentarlo en el trámite parlamentario, presentando de entrada 50 enmiendas al texto de Podemos. Cristina Coto (Foro) hace suyas las críticas al descuelgue "por pura estrategia" de Podemos, Asegura que "no es el momento de colgarse la etiqueta de 'Mister Propper'" ni de hacer ver "que son ellos los que lavan más blanco" mientras Nicanor García (Ciudadanos) reprocha la ruptura del acuerdo "por razones políticas". "Una sola ley", defiende es la única solución posible y la más eficaz".
De Ciudadanos es la propuesta de ley para el fortalecimiento de la Inspección General de Servicios que el viernes superó por unanimidad el trámite de la toma en consideración. Inicia su camino en la Junta una vez que la ley de Unidad Anticorrupción de Podemos ha superado la fase de comparecencias y la de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada ya por el Ejecutivo autonómico, espera turno. Esta iniciativa, cuyo trámite parlamentario ya estuvo previsto para el primer semestre de 2013, que encalló en la pasada legislatura, fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 20 de julio. Lastra combatió ayer las críticas sobre una supuesta dilatación del proceso dicendo que "hay otras normas, otra actividad parlamentaria. El parlamento digiere lo que puede".
