El Principado se comprometió ayer a modificar a la baja las tasas de rescate en una reunión con diversos colectivos afectados que tuvo lugar en la Dirección General de Deportes, a las siete de la tarde. Sin embargo, seguirá adelante con los cinco expedientes de salvamento abiertos, por un importe de 15.000 euros, 6.000 de ellos correspondientes a un escalador herido en el Urriellu. En la reunión, convocada por el Director General de Deportes, José Ramón Tuero, así como el gerente del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), Eugenio García Rodríguez, se recogieron las sugerencias realizadas por las federaciones de montañeros, espeleólogos, ciclistas, cazadores y pescadores. Los dos últimos colectivos no se incluyen en las más de cuarenta actividades que recoge la ley de tasas como de alto riesgo, y a cuyos practicantes se podría cobrar en caso de accidente. Los participantes en este encuentro quedaron emplazados a una próxima reunión, en la que se avanzarán las modificaciones previstas.

Los montañeros son los que han puesto el grito en el cielo, especialmente a raíz de que se abriese un expediente a un escalador de Avilés que se accidentó en el Urriellu el 29 de octubre, y al que el Principado pretende cobrar 6.000 euros. Los montañeros consideran que este escalador no cometió una imprudencia que justifique que se le cobre el rescate, y pusieron el acento en que otras actividades, donde posiblemente se cometen esas imprudencias, como en el caso de los senderistas o los cazadores, no se cobra el coste del salvamento.

La Federación Montaña de Asturias considera contraproducente el cobro de las tasas, puesto puede retrasar la petición de ayuda al 112, con el consiguiente riesgo para la persona herida y los acompañantes, que tenderán a intentar un rescate por su cuenta. Esto puede hacer que los helicópteros salgan más tarde, con más premura y en condiciones de visibilidad peor, lo que puede agravar las condiciones del rescate.

Para los montañeros, se está cometiendo un error pedagógico. Antes de pasar a las medidas ejecutivas, como está haciendo el Principado, debería haber un periodo de información y formación, un aspecto que se está descuidando por parte de la administración.

Los montañeros considerarían más efectivo que se obligase a que, quienes realicen actividades en la naturaleza, cuenten con un seguro de forma obligatoria y que se estudien prohibiciones expresas de actividad en caso de alarmas meteorológicas. Y más que el cobro de los rescates, los montañeros son más partidarios de la imposición de multas, en caso de acciones negligentes, como contempla el Código Civil.

Los montañeros están advirtiendo que los expedientes abiertos por el principado está afectando negativamente a la imagen de Asturias como Paraíso Natural, y tienen constancia de que puede tener consecuencias en la celebración de diversas actividades de turismo deportivo y social.