El PSOE, IU y Ciudadanos (C`s) seguirán adelante con la reforma de la ley electoral asturiana. El informe de técnica legislativa realizado por el Letrado Mayor de la Junta General, que plantea reparos al texto acordado inicialmente por esos tres partidos, servirá para mejorar la calidad jurídica de un documento que acaba de entrar en la fase de ponencia en el parlamento autonómico.

Podemos, que tiene casi todas las papeletas para decidir si la reforma sale adelante, advierte que las correcciones de los servicios jurídicos de la Cámara "no invalidan la iniciativa pero ponen en evidencia que el texto inicial era una chapuza". El PP y Foro son los más críticos, sostienen que los reparos del Letrado Mayor son casi idénticos a los formulados hace casi un año en un informe del Estado y concluyen que esta reforma sólo responde a "intereses partidistas".

El informe de los servicios jurídicos de la Cámara juzgó "dudosa" la competencia del Principado para obligar a los partidos a que establezcan sistemas abiertos de elección de su candidato a la presidencia del Principado, advirtió que la ley regional de altos cargos era más dura en cuestión de incompatibilidades que la reforma electoral y señaló que cuestiones como el voto anticipado o el voto electrónico para los residentes en el exterior son objeto de la ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), de competencia estatal.

"Nos atenemos a lo que diga el informe del Letrado Mayor", asumieron ayer en el Grupo Socialista que, no obstante, considera que "hay margen suficiente" para que la reforma incorpore "especificidades propias de la comunidad autónoma". El PSOE reconoció que el informe de los servicios jurídicos de la Junta "está en la misma línea" que el enviado meses atrás por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Gaspar Llamazares, portavoz de IU, destacó que el documento firmado por Alberto Arce "nos permite mejorar la calidad de la ley" y supone un paso adelante "porque la ley avanza". Llamazares celebró que el informe de técnica jurídica no cuestiona "el núcleo de la ley, la proporcionalidad de una persona, un voto, y los mecanismos de participación, como las listas desbloqueadas". Para el portavoz de IU las objeciones al voto anticipado y electrónico no han supuesto "ninguna sorpresa, sabíamos que eran problemáticos".

Nicanor García, de Ciudadanos, prefirió ver el vaso medio lleno respecto a los reparos planteados por el Letrado de la Cámara. "La esencia y los objetivos de la ley se mantienen, ya que no han sido reparados por el informe", señaló en clara alusión a la nueva asignación de escaños, que repartiría 35 diputados entre las tres circunscripciones y dejaría una bolsa de 10 para asignar entre los restos que no habían generado derecho a un diputado y que irían en su totalidad para la circunscripción central.

El secretario general de Podemos, Daniel Ripa, entiende que las correcciones introducidas por el Letrado Mayor de la Junta "no invalidan la reforma electoral pero nos dicen que el texto inicial era una chapuza". El diputado confiesa su "escepticismo" acerca de que "el PSOE quiera sacar adelante esta reforma, ante sus pactos constantes con el PP".

Tanto el PP como Foro ven en el informe jurídico de la Cámara un aval a sus críticas sobre el texto legislativo consensuado por PSOE, IU y Ciudadanos. "Javier Fernández es presidente del Principado gracias a ese acuerdo", valoró el diputado Luis Venta, quien señaló que la mayor parte de la reforma "se cae porque entra en cuestiones que no son de competencia autonómica, como había advertido el informe del Estado, tan criticado por algunos partidos y expertos, y con el que coincide en muchos argumentos el del Letrado Mayor".

El diputado Pedro Leal declaró ayer que el informe de técnica legislativa ratifica "las tesis de Foro sobre la reforma electoral". El texto pactado a tres bandas por PSOE, IU y C`s "no aborda el problema real de interés general en materia electoral y persigue claramente intereses partidistas de unas determinadas minorías, que pretenden sacar provecho de la debilidad del gobierno de Javier Fernández". En su opinión, la reforma es inviable "porque intenta modificar normas de mayor rango que una ley autonómica" y "afecta negativamente a las alas, oriental y occidental, al priorizar a la zona central.