El juez Ángel Sorando ha terminado en el Juzgado de lo Social número 2 de León, tras pasar dos años en el Juzgado de Familia de Lérida, donde al parecer no dejó a nadie indiferente. Los abogados ilerdenses presentaron quejas por su forma de llevar las cosas. Al parecer, suspendía las vistas a la mitad para celebrar otras, entre otras actitudes que no hicieron ninguna gracia a estos profesionales. Además, el magistrado dictaba medidas provisionales en casos de divorcio con un retraso de hasta cuatro meses (cuando deberían ser dos semanas a lo sumo), y convocaba los juicios a un año vista, unos plazos "insoportables", como llegó a decir en su día el presidente del Tribunal Superior de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno. Sorando terminó en Lérida tras solicitar por dos veces entrar en la sala de lo militar del Supremo. Quería poner tierra de por medio, tras las dificultades en la instrucción del "caso Marea", que recibió numerosas críticas, las más fuertes procedentes de la Fiscalía. Y le cayó un Juzgado colapsado, con más de dos mil asuntos al año, el peor de Cataluña.
Hay alguien al que las dificultades de Sorando no le extrañan. El exdirector de la Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo, el ya jubilado Juan Llaneza, acaba de ser exonerado por la titular del Juzgado número 2 de Oviedo, Simonet Quelle Coto, de los presuntos delitos de corrupción que le imputó Sorando hace cuatro años y medio, a finales de 2012. "Es un incompetente", sentencia. "Acato las decisiones judiciales, pero las de Sorando fueron totalmente impresentables, es mi opinión", recalca. Y es que el caso por el que estaba imputado, la "Mareína", se quedó en "charquín", ni eso.
Nunca tuvo nada que temer, pero estar cuatro años en la picota afectó a su familia. Tuvo que soportar incluso que el juez le "prejuzgase" y le reputase como "miembro de una mafia" que imponía la "omertá", y cuyos presumibles métodos violentos obligaban a mantener como testigo protegido a la funcionaria que había denunciado la inexistente trama. "Estuve un año sin saber quién me acusaba", se queja Llaneza, quien considera que este asunto fue instrumentalizado por el entonces vicepresidente de la comisión de investigación del "caso Marea", el diputado de UPyD (luego en Ciudadanos) Ignacio Prendes.
El auto de sobreseimiento dictado por Simonet Quelle deja claro lo que fue la "Mareína". Una jefa de sección de Consumo desacató las directrices de su jefa de servicio y Llaneza, para evitar problemas, decidió apartarlas a ambas. La jefa de sección reaccionó denunciando a la jefa de servicio por acoso. Riesgos Laborales dictaminó que no había acoso alguno. La jefa de sección planteó un contencioso por el que reclamaba 78.000 euros al Principado, sin éxito.
Fue entonces cuando se presentó ante Sorando con una historia en la que denunciaba, por un lado, que la empresa gijonesa La Productora contrataba a personal que luego trabajaba para el Principado, y que para compensarla se facturaban servicios que no llegaban a realizarse. En la línea del "caso Marea". Acusaba a una jefa de servicio de ofrecer a bajo precio coches que Consumo tenía en renting. A otras dos jefas de servicio, de llevar una contabilidad paralela. Y a una cuarta, de destruir documentación referida a La Productora. Todo ello bajo las órdenes de Llaneza.
Un anónimo
A los pocos días, la comisión de investigación del "caso Marea" recibía un anónimo casi en los mismos términos que la denuncia, y allí se vio Llaneza declarando ante sus señorías. Pero cuando llegó el momento de ratificar estas acusaciones en sede judicial, la funcionaria cayó en todo tipo de contradicciones, y adujo que algunas cuestiones -como la supuesta destrucción de documentos- se las habían relatado otros funcionarios, aunque no quiso desvelar quiénes. "Sorando, lejos de archivar el caso, una vez claro que era una denuncia falsa, continuó adelante. Nunca tuvimos relación con Igrafo o Apsa (las principales empresas relacionadas con el "caso Marea"), ni con la Consejería de Educación, pero nos pusieron la etiqueta. Tantos años para decirle: 'Usted no hizo nada'. No lo deseo a nadie. Las causas no puede tener un retraso de más de cuatro años. Lo que esperas de la Justicia es que sea justa, pero también rápida", se queja Llaneza.
Al final, "la juez ha demostrado que no hubo ilícito penal, ni tampoco irregularidades administrativas". La Sindicatura de Cuentas emitió un informe en el que se advertía de presuntas irregularidades contables. La juez Quelle Coto, en el auto que exonera a Llaneza y sus jefas de servicio, resalta la declaración del Síndico Mayor, Avelino Viejo, que no aclaró los extremos del informe, aduciendo desconocimiento. La Comisión del "caso Marea" remitió la documentación al Tribunal de Cuentas, que está a punto de emitir un dictamen. Todo este asunto le ha dejado un mal sabor: "Estas cosas alejan a la gente decente de la política".
