Un archivo informático que parece registrar una doble contabilidad del coste de obras de la variante de Pajares ha disparado las sospechas del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia Civil que evalúa los casos de sobornos y pagos de viajes a técnicos del Adif responsables de la supervisión de actuaciones de la alta velocidad en España. Según consta en un informe remitido al juzgado de Barcelona que investiga la presunta malversación de fondos públicos y cohecho en las obras de la alta velocidad de Cataluña, los agentes sospechan de que se "inflaron" al menos en 4,3 millones obras en la alta velocidad asturiana.
El informe policial, al que ha tenido acceso este periódico, analiza documentación de la adjudicataria de la ejecución del proyecto de construcción de la plataforma de Línea de Alta Velocidad León-Asturias, en el trayecto La Robla-Pola de Lena y el tramo Campomanes-Pola de Lena. Esta obra se adjudicó el 1 de agosto de 2006, siendo ministra la socialista Magdalena Álvarez, a la UTE compuesta por las empresas Comsa y Corsan-Corviam.
La unidad de la Guardia Civil, que requisó teléfonos móviles y ordenadores de responsables de la empresa Corsan, halló en uno de ellos un correo que incorpora un documento adjunto relativo al tramo en cuestión de la Variante de Pajares. En él se detallan datos de una reunión y en el documento aparece en una columna un desglose que consta señalado como "complementario real" y en otra el "complementario transformado". Al final del documento se encuentra la indicación "Resumen Comparado Rev-18 2009-19-22 2003 Complm Vestido". Los agentes interpretan que la expresión "Complm Vestido" incorpora mediciones adaptadas y que "por lo tanto podrían no concordar con la obra realmente realizada".
Los agentes señalan la existencia de diferencias de importe entre la ACO (Asistencia de Control de Obras) y el contratista, por lo que "se presume que el importe que aparece en la columna denominada 'Complementario Transformado' es el que se podría haber certificado. Este importe es 4,5 millones de euros superior a la valoración de la ACO", señalan los agentes.
Las pesquisas se enmarcan en la investigación por presuntos sobornos a responsables de Adif efectuados por cuatro empresas constructoras que "compraban" certificaciones de sobrecostes a cambio de viajes y coches.
