La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha condenado a la Consejería de Salud al pago de 137.813,34 euros a la familia de la niña de 13 años, vecina del barrio del Cerillero de Gijón, que falleció en septiembre de 2012 a consecuencia de la administración de la vacuna contra el virus del papiloma humano. El tribunal constata la deficiente asistencia sanitaria ofrecida a la menor en los hospitales de Jove y Cabueñes, un error de diagnóstico con pérdida de oportunidad que llevó a la muerte a la niña. Esta condena reabre el debate sobre la idoneidad de la vacuna del papiloma, una inmunización que se administra a todas las niñas de la región con 13 y 14 años. Varias asociaciones consideran que es "innecesaria" debido a la escasa incidencia del mal que pretende evitar -el cáncer de cérvix, relacionado con el virus del papiloma- y a las reacciones adversas de la vacuna, que, aunque raras, son más frecuentes que en otras vacunas y afectan a menores sanas, como remarca Carlos Ponte, presidente de la plataforma "No Gracias".
El caso que dilucida la sentencia del TSJA es bien conocido. La menor, Andrea, sufría de asma bronquial desde los 18 meses, y recibía medicación desde 2001. Además estaba recibiendo un tratamiento con la hormona del crecimiento. El 23 de julio de 2012, se le administró una primera dosis de la vacuna Gardasil, de la farmacéutica Merck. El día 31, la niña sufrió una crisis de asma por la que acudió primero al hospital de Jove y luego al de Cabueñes. El 23 de agosto se le administró una segunda dosis de la vacuna. Ocho horas después, cuando paseaba por el barrio del Cerillero, Andrea sufrió una nueva crisis de asma, con convulsiones. Sus padres solicitaron una ambulancia que tardó en llegar y la niña fue trasladada en un coche de policía al hospital. Cuando ingresó ya estaba en parada cardiorrespiratoria. Debido a la gravedad de su estado la trasladaron a la UVI pediátrica del Hospital Central, en Oviedo, donde se le indujo un coma. El 31 de agosto de 2012 sufrió una parada cardiorrespiratoria en el contexto de la crisis asmática que la aquejaba. El fallecimiento se certificó el 8 de septiembre.
La sentencia del TSJA establece que los hospitales de Jove y Cabueñes no diagnosticaron la patología antes de que se le suministrase la segunda dosis de la vacuna. Aunque el tribunal establece un nexo entre el fallecimiento y la administración de la segunda dosis, no cuestiona la administración de esta vacuna, muy criticada desde algunos ámbitos. En el fallo ha tenido un peso decisivo el resultado del algoritmo de Krach y Lasagna, que establece que la administración de la segunda dosis de vacuna hubiese causado la muerte de la menor en una probabilidad muy alta.
El abogado de los padres de la niña fallecida, Fruela Río, remarcó que la vacuna se está dando a todas las niñas en el Principado y que los médicos deberían optar por otro tipo de pruebas más eficaces, como el Papanicolau.
El médico ya jubilado Carlos Ponte -que ejerció como perito en este juicio-, fundador y presidente de "No Gracias", es de la misma opinión. "La vacuna no está recomendada en todos los países. Hay excepciones, como Japón y Austria", señaló. Ponte remarca que la sentencia del TSJA únicamente establece un nexo causal en el caso de la menor fallecida, pero también indica que la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma -con sede en Valencia, aunque de ámbito estatal- tiene documentados casos de jóvenes que han sufrido cuadros de tipo neurológico con graves secuelas, incluso fallecimientos.
Ponte recordó que una parte de la comunidad científica se opuso a esta vacuna al considerar que no estaba suficientemente probada, ni estaba suficientemente acreditado que pudiese evitar el cáncer de cuello de útero. "No sabemos cuánto tiempo de inmunidad proporciona la vacuna, y si no es está creando una sensación de falsa seguridad en las personas vacunadas", añadió. Por contra, el método Papanicolau es suficiente para detectar el cáncer de cérvix cuando aún es pronto para tratarlo en un estadio inicial. "Es una vacuna innecesaria. Es el típico caso en el que se anteponen los intereses de negocio y las presiones comerciales a las consideraciones de salud pública", sentenció.
En el juicio, la administración se acogió al hecho de que la vacuna está perfectamente avalada por las agencias del medicamento de todo el mundo, y que esta inmunización era ajustada al perfil de la paciente. Además, negó un nexo causal entre el fallecimiento y la asistencia recibida por la niña. Pero el tribunal ha puesto las cosas en su sitio.
