Los funcionarios de Justicia en Asturias reclaman un incremento del complemento específico que tienen congelado desde el año 2009, cuando se produjo la transferencia de competencias del Ministerio al Principado. Según sus cálculos, para situarse en la media nacional, cada uno de los aproximadamente 1.200 afectados debería recibir 100 euros más al mes.
La plataforma sindical de Justicia, integrada por STAJ, CC OO, USIPA y UGT, ha solicitado una reunión urgente al consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, para negociar no sólo cuestiones económicas, sino también para trasladarle "los múltiples problemas de la justicia asturiana".
Juan José Azcano, portavoz de la plataforma, explicó ayer que los sindicatos "llevamos años solicitando al Gobierno que haga algo por la Justicia en general. Desde el estado de los edificios hasta el material que utilizamos en los diferentes órganos judiciales, es todo un desastre. Los recortes se notan gravemente en todos los ámbitos". En este sentido, indicó que "oficialmente, el gasto en Justicia bajó durante la crisis el 0,2%, pero en realidad no podemos saber si es así o no porque hay un baile de partidas presupuestarias. Falta transparencia".
Una de las reivindicaciones más antiguas del colectivo es el incremento del complemento específico, que se asimila con la carrera profesional reconocida para los funcionarios del Principado. "El que cobramos es el más bajo del país, puesto que no se ha actualizado desde que se transfirieron las competencias. Hemos intentado negociar su incremento varias veces, pero ha sido imposible", denunció el dirigente sindical.
La asistencia gratuita
El Principado, por su parte, reclamó ayer al Gobierno central que mantenga exento del IVA el pago a los colegios de abogados y procuradores por la prestación de la asistencia jurídica gratuita. En el pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, aseguró que la decisión del Ejecutivo de aplicar el 21% de IVA tendrá "un impacto económico muy relevante para las comunidades autónomas", que en el caso de Asturias ascendería a un millón de euros. Además de "vulnerar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y poner en riesgo una prestación con una clara e innegable función social".
El consejero de Presidencia también reclamó al Ministerio que explique en qué situación quedarán los sesenta Juzgados de paz asturianos y sus trabajadores cuando se desvinculen los registros civiles de los juzgados y pasen a depender de los letrados de la Administración de Justicia.
