El mapa nacional de las oposiciones docentes ya tiene fronteras definidas aunque no definitivas. Entre las cinco comunidades autónomas que aún no han dado el paso oficial de convocar (o no) la oferta pública de empleo está Asturias, que quiere pero no sabe si puede.
Es el lamentable resultado de la subsidiariedad política en la que nos movemos. Es la ley de presupuestos generales del Estado la que fija la tasa de reposición para todas las oposiciones del país. Sin ley no hay tasa, sin tasa de reposición las posibles convocatorias entran en un limbo.
Llevarlas a efecto tiene sus riesgos en forma de recurso judicial por parte de la Administración central. Cuando una autonomía tomó un atajo, Andalucía en 2012, los tribunales echaron el freno y obligaron a la marcha atrás. Asturias nunca va a convocar oposiciones si no se dan las garantías precisas. Los responsables de la Consejería de Educación lo han dicho por activa y por pasiva y existen precedentes muy clarificadores: una de las comunidades más críticas con la Lomce no se salió ni un palmo de la hoja de ruta marcada por la ley.
¿Y cuáles son esas garantías? Una que se antoja complicada: la aprobación de los Presupuestos Generales. No solo es que se aprueben, es que tienen que hacerlo ya. En el marasmo de la política española no es probable un acuerdo a corto plazo.
Otra, que parece mucho más sencilla: la promulgación de un real decreto marcando las pautas de reposición y el porcentaje correspondiente. Si se jubilan en un año 400 docentes la tasa de reposición del 100% serían 400 plazas. Lo que, en números redondos, ya sucedió en Asturias al final del pasado curso. Sencillo.
La tasa del 100% es una probabilidad. Fijarla lo puede hacer, un tanto por la calle del medio, uno solo de los interlocutores en este barullo administrativo: el Gobierno de la nación. De ese decreto se beneficiarían las comunidades y, sobre todo, miles de profesores interinos de toda España. Sin decreto, la autonomía que quiera proseguir camino de convocatoria asumirá sus riesgos. Cataluña lo va a hacer, pero hay quien entiende la valentía catalana como una pieza más en su cansina estrategia frentista.
El real decreto parece obligado -además de lógico- pero el Ministerio de Educación se hace de rogar porque las oposiciones son un elemento más, y no pequeño, de la estrategia presupuestaria. Con los plazos legales ya muy ajustados, las urgencias aumentan y con ellas las presiones. El mensaje implícito del Ejecutivo va en esta dirección: si la oposición rechaza las cuentas del Estado, ese rechazo tiene costes.Y que cada cual se responsabilice de sus decisiones.
Han renunciado a las oposiciones las comunidades de Extremadura, Murcia, Castilla la Mancha, Navarra, Valencia, La Rioja, Aragón y Castilla y León. Importante esta última "deserción" opositora porque, como comunidad vecina (y grandona), el efecto llamada hacia Asturias puede ser importante. Hace unos días el propio Consejero de Educación, Genaro Alonso, alertó sobre la "comprometida situación" que se daría si Asturias convoca y la gran mayoría de las comunidades no lo hace: "podríamos ser incapaces de ejecutar la oferta pública de empleo dado el previsible número de aspirantes que nos pueden llegar desde todo el Estado".
Además de Cataluña, autonomía a la que le afecta menos el efecto llamada porque cuenta con el escudo del idioma oficial propio, convocarán Andalucía y Baleares. La Junta de Andalucía, que también tiende a ir por libre, ha puesto sobre el tapete ocho mil plazas en total, incluyendo Educación y Sanidad. Mucho profe asturiano mira al sur en busca de estabilidad laboral.
Así las cosas, conviene poner negro sobre blanco las posibles opciones barajadas en las últimas semanas.
Convocar oposiciones con el cien por cien de tasa de reposición. Ya que se ha dado el primer paso, anunciarlas, se trata de seguir el proceso con todas las consecuencias.
Convocar oposiciones con una tasa de reposición más modesta. Habría oferta pública, pero muy por debajo de las más de 400 plazas de la última convocatoria en Asturias. No es una alternativa exenta de riesgos.
Convocar oposiciones y no ejecutar. Se acumularían las plazas para la siguiente convocatoria, la de 2018. Algún sindicato lo ve con buenos ojos, pero está por ver la viabilidad legal de esta opción.
No convocar. Dar marcha atrás ante el escenario de incertidumbre en que se mueve a nivel nacional y ante el hecho de que hay una mayoría de comunidades que anunciaron ya su intención de paralizar el proceso. Todo un bajón anímico para miles de aspirantes.
La triste realidad es que mientras todos claman por la necesidad urgente de un pacto de Estado por la educación (hablar es gratis), el desorden nos vuelve vulnerables en aquello en que la sociedad debería ser más sólida. Una ley educativa que casi nadie quiere, unas reválidas que se confirman inútiles, unos resultados muy mejorables en las pruebas internacionales de diagnóstico, unas oposiciones en el aire, rehenes del pulso político. Suma (el que a estas alturas sepa) y sigue (el que a estas alturas pueda).
