Medio millar de asturianos, como mínimo, tendrán que levantar sus plantaciones de patata a consecuencia de la plaga de la polilla, según estimaciones de la dirección general de Desarrollo Rural. El Consejo de Ministros aprobó ayer, tal y como anticipó LA NUEVA ESPAÑA y a petición del Ministerio de Agricultura, el real decreto para controlar y erradicar la polilla guatemalteca, que prohibe durante dos años sembrar el tubérculo en siete concejos del Occidente: San Tirso de Abres, Vegadeo, Castropol, Taramundi, Navia, Valdés y Cudillero.

La norma, que entrará en vigor previsiblemente el lunes, deja su gestión en manos del Principado y la Xunta de Galicia, que sacarán una resolución complementaria con las áreas afectadas. El decreto del Ministerio diferencia entre zonas infectadas -San Tirso de Abres, Vegadeo, Castropol, Taramundi, Navia, Valdés y Cudillero- y tampón o de protección, que son aquellas que rodean a las anteriores. Aunque todavía no están fijadas, es posible que sean los cuatro concejos que el Principado declaró el pasado mes de "especial vigilancia" ante el temor de que la plaga se hubiese extendido por los territorios limítrofes: Tapia de Casariego, Coaña, El Franco y Villayón.

Según la nueva norma, en las áreas infectadas no se podrá plantar durante dos años ni tampoco podrá salir patata. Mientras que en las tampón se reforzará los controles y se colocarán trampas para las polillas. La vigilancia afectará tanto a las plantaciones como a los almacenes. El Ministerio contempla también la destrucción del material contaminado con la correspondiente indemnización. Las cuantías seguirán la línea del año pasado de 30 céntimos el kilo y serán acordadas con Galicia.

El director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Jesús Casas, pide "total tranquilidad" a los agricultores afectadas, porque "vamos a indemnizar todo el tubérculo dañado". Eso sí, siempre y cuando lo hayan comunicado a la Consejería, que sacó una resolución en febrero exigiendo a los productores profesionales y de autoconsumo declarar la superficie plantada o a plantar este año. Los agricultores que incumplan estos requisitos, avisaba el documento, "se enfrentarán a sanciones y a no ser indemnizados". Hasta la fecha declararon plantaciones entre 400 y 500 personas, aunque los afectados pueden ser más. "Me hubiese gustado que fuesen menos, pero hay que reconocer que hicimos una recomendación, no era una prohibición", dice Casas. El Principado pagará por la patata de siembra, de consumo y la almacenada así como por la superficie plantada.