La local ha sido la administración asturiana que más profundamente hundió la tijera en el capítulo de personal desde que en 2010, al hilo de la crisis del euro, se impuso en España la terapia de la austeridad y los recortes en el sector público. Durante los últimos seis años, los ayuntamientos asturianos han perdido más de 2.600 empleos, equivalentes al 22% de la plantilla que tenían. Es como si en este tiempo hubiera desaparecido al completo la del Ayuntamiento de Gijón, integrada por unos 2.500 trabajadores, incluidos organismos autónomos y empresas municipales. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está elevando la voz sobre las carencias de los consistorios en todo el país y emplazando al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a levantar las barreras que restringen la incorporación de nuevos empleados públicos.
La información oficial del "Boletín del personal al servicio de las Administraciones públicas" certifica que los municipios protagonizaron el mayor recorte laboral del sector público asturiano. También tuvo gran alcance el ajuste en las plantillas que dependen de la Administración central (delegaciones de ministerios, fuerzas del orden...), con la pérdida de casi 2.000 puestos en el período citado, equivalentes al 17%. En cambio, el volumen de personal del Principado ha recuperado el nivel de 2010. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a julio de 2016, el conglomerado autonómico tenía entonces 36.378 trabajadores (funcionarios y de régimen estatutario o laboral, fijos y temporales), cifras ligeramente mayores que las de hace seis años y superiores en casi 1.500 personas al mínimo que se alcanzó en 2013 (ver gráfico superior).
El intenso ajuste de los ayuntamientos es principalmente el resultado de las reglas de austeridad que han limitado en estos años, y muy especialmente a partir de 2012, la llamada tasa de reposición, la proporción de vacantes por jubilación o por otras razones que se cubre cada año. Paralelamente, el Gobierno central impuso férreas restricciones para hacer contratos temporales.
En 2012 y ante las extraordinarias dificultades presupuestarias del conjunto del Estado, el Gobierno central determinó que la tasa de reposición fuera nula como regla general para todas las Administraciones, salvo para los servicios considerados esenciales (sanidad, educación, fuerza de seguridad...), para los que se autorizó el 10%. En el caso de los ayuntamientos se eliminó además una excepción que facultaba a los municipios de menos de 20.000 habitantes a cubrir hasta el 30% de las vacantes. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dirigido por Cristóbal Montoro, mantuvo esa línea dura hasta 2015, cuando elevó del 10% al 50% la reposición en los servicios esenciales y se estableció el 10% para el resto. En 2016, se elevó el límite general al 50% y se llegó al 100% para los servicios básicos (policías locales y bomberos, en el caso de los ayuntamientos).
Ahora, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, ha instado a Montoro a autorizar desde 2017 una tasa de reposición del 100% para frenar el deterioro de los servicios municipales. Desde 2012, las administraciones locales y provinciales (diputaciones) han perdido 99.000 efectivos.
