Pedro Castillejo, exgerente de la fundación Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide) del SOMA, y mano derecha del exlíder minero José Ángel Fernández Villa, a quien sigue muy vinculado, ha solicitado declarar de nuevo ante la jueza instructora del caso, Simonet Quelle Coto. Además ha presentado una nueva prueba pericial con la que intentaría desmontar la auditoría del SOMA, por la que es acusado de la presunta apropiación indebida de algo más de 72.000 euros.

Fuentes próximas al caso señalaron que esta solicitud se presentó hace sólo unos días y que todavía no ha sido respondida por la jueza instructora. Según explicaron, "Castillejo y Villa forman parte de la misma trama. El SOMA encargó una auditoría y junto con la querella se presentó toda la documentación que sustenta la demanda. Ambos lo niegan todo, pero la documentación está en el juzgado desde hace año y medio".

Este periódico intentó ayer por la tarde sin éxito contactar con el abogado de Pedro Castillejo, Alfredo García, quien en las anteriores declaraciones de su representado incidió en que "los gastos" que se le imputan al exgerente del Infide "corresponden a ocho años de actividad y al desarrollo de su trabajo para la fundación". También remarcó en varias ocasiones que todos los gastos realizados por uno de los hombres de confianza de Villa, "se hicieron con tarjeta, con lo que se pueden justificar y lo demostraremos".

Las fuentes consultadas ayer indicaron que Pedro Castillejo se ha mantenido en silencio mientras avanzaban las "maniobras dilatorias" de la abogada de Villa, Ana García Boto, ya que si la instrucción se declaraba nula, todo tendría que volver a empezar. Pero en todo caso, se ha mantenido en un discreto segundo plano.

"Pero ahora, las maniobras de Villa y de su letrada parece que llegan a su fin y puede ser que también Castillejo intente otro artificio dilatorio en la instrucción", indicaron las mismas fuentes, aunque matizaron que "es legítimo; se tiene que defender".

La jueza titular del Juzgado de Instrucción 2 de Oviedo tomó declaración en febrero del año pasado al contable del Infide y del SOMA, Juan Cigales, y al tesorero del instituto, Víctor Manuel González; además, de al secretario de la junta administradora, Amalio Fernández. Los tres declinaron responsabilidades, pero sí coincidieron al testificar en que ni en una organización ni en la otra existían mecanismos de control sobre el dinero. No existía ninguna mecánica de contabilidad para inscribir, registrar y justificar ni los ingresos ni los gastos, que los había sin justificación, y que tampoco nadie aprobaba el abono de dietas. Otra de las coincidencias en sus declaraciones fue que Pedro Castillejo "lo hacía todo" en Infide y que, en realidad, era "el único" que trabajaba en la fundación.

El abogado de Pedro Castillejo afirmó entonces, tras ver la documentación, que la contabilidad estaba plagada de irregularidades, "con malos asientos, gastos sin justificar, ingresos de origen desconocido y gastos a terceros no identificados". Pero descargó de responsabilidad a su defendido, que, incidió, sólo cumplió con su cometido. Las fuentes consultadas remarcaron su confianza en que la solicitud de Castillejo "no retrase más la instrucción del caso".