Esta semana entrará en vigor la prohibición de sembrar patata, durante al menos dos años, en las zonas infestadas por la plaga de la polilla guatemalteca -o Tecia solanivora- en Asturias. Será en el momento en que se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la resolución que ha elaborado la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales para adaptar el real decreto impulsado desde el gobierno central.
La prohibición afectará a la totalidad de los concejos de Taramundi, San Tirso de Abres, Vegadeo y Castropol, y a las fincas en el radio de un kilómetro de las localidades de Llamabúa (Navia), Villademoros (Valdés) y Armayor (Cudillero). Tapia de Casariego, El Franco, Coaña, Villayón y el resto de Navia, Valdés y Cudillero se delimitan como zona "tampón", en la que se aplicará un régimen especial de vigilancia, pero se permitirá el cultivo.
La norma incluye, además, un régimen de indemnizaciones, que va desde los 30 hasta los 70 céntimos por kilo de patata de siembra, o 40 céntimos por metro cuadrado de plantación que haya que destruir en las zonas infestadas, en las que también se prohibirá la venta de patata a granel en tiendas y mercadillos.
El Principado sigue de esta manera los pasos de la Xunta de Galicia, que el pasado 10 de marzo hizo pública una resolución similar. La norma incluye las medidas de control precisas para erradicar la plaga, así como los mecanismos para eliminar lo ya plantado, un proceso que podría comenzar la próxima semana. Dos empresas especializadas irán concejo a concejo retirando y destruyendo los tubérculos en las fincas afectadas. También habrá cooperación con la Guardia Civil, para controlar el movimiento de patata en la zona afectada.
El director general de Recursos Naturales, Jesús Casas, presentó ayer la resolución a los alcaldes del Occidente afectados por el avance de la plaga. "Nos parecía razonable analizarla conjuntamente, ver si hay cuestiones que matizar y posteriormente publicarla y hacerla oficial", señaló, añadiendo que se trata de un "proceso dinámico". Si se detecta polilla en nuevas zonas, pasará a ser catalogada como infestada de forma inmediata.
Entre las medidas a aplicar en las plantaciones dentro de la zona de prohibición se encuentra la destrucción de las patatas cultivadas en campañas anteriores, así como los rebrotes y el tratamiento de aquellas parcelas que ahora se vayan a destinar a otro cultivo.
El control en los almacenes también será estricto. No se permitirá almacenar patata cultivada en las zonas infestadas, se aplicarán productos desinfectantes en estos espacios, y se destruirá todo aquel material, como sacos o embalajes, en contacto con las patatas contaminadas. En caso de aparecer la polilla, se destruirá todo el producto almacenado y se instaurarán registros de control del movimiento del tubérculo. Los comerciantes tan solo podrán vender patatas para el consumo humano y siempre envasadas, nunca a granel. Una vez el producto a comercializar entre en la zona infestada, aunque provenga de una producción libre de plaga, no podrá volver a salir de ella. Es por ello que se recomienda no almacenar grandes cantidades de tubérculo, evitando de este modo los excedentes.
En cuanto a las indemnizaciones, se contemplan tanto la patata de siembra como las fincas ya cultivadas, y los almacenes. Se pagarán hasta 0,70 euros, el máximo, por kilo de patata de siembra certificada y no utilizada. El pago por patata de reempleo de la propia explotación se queda en 0,30 euros por kilo. Los cálculos que realiza la Consejería les lleva a fijar 0,40 euros por cada metro cuadrado de terreno plantado que haya que levantar; mientras que los almacenes recibirán el reintegro de la patata de siembra o consumo que hayan adquirido; y 0,30 euros si es de autoconsumo.
"Pensamos que los gastos se van a cubrir, y que no habrá pérdidas en cuanto a los productores implicados", apuntó Casas, que precisó que estas medidas afectan a un millar de personas.
