La defensa de Villa ha presentado un nuevo recurso -y ya es el decimosegundo en 14 meses- contra el auto de la jueza Simonet Quelle que rechazó la avalancha de pruebas y declaraciones -hasta 34- solicitada por el exlíder del SOMA. El recurso es subsidiario de apelación, por lo que terminará en la Audiencia si, como es probable, lo rechaza la jueza, lo que añadirá más retraso a una instrucción que la magistrada quiere cerrar cuanto antes.

La letrada Ana Boto vuelve a poner el acento en la supuesta indefensión de Villa, ya que debió haber declarado auxiliado por "un adulto responsable", por la "especial protección que como investigado en situación de vulnerabilidad le concede la UE". Añade que Villa no ha "tenido participación en la instrucción, que se ha realizado a sus espaldas y antes de ser informado de la acusación, es decir, antes de estar en situación de poder ejercitar la autodefensa", sin olvidar "las dificultades" de su letrada para preparar la defensa. Por todo ello, Ana G. Boto sostiene que "la situación de indefensión es de tal gravedad que supone la nulidad de todo lo actuado por vulneración del derecho de defensa".

El recurso continúa indicando las razones por las que deben aceptarse las pruebas que pidió y le fueron rechazadas la semana pasada. La abogada vuelve a reiterar la necesidad de que Hunosa facilite todas las actas del comité intercentros entre 2001 y 2013, con el fin de identificar a los miembros del mismo e indagar si recibieron las dietas que el sindicato cree que se quedó Villa. También insiste en que Liberbank facilite los originales de las facturas de las tarjetas de Villa. La juez sostiene que esas facturas no se envían a los bancos, pero Ana Boto presenta un certificado de Visa según el cual deben ser las entidades bancarias las que las faciliten. También vuelve a pedir que Liberbank remita los originales de las firmas autorizando las órdenes de transferencias, algo que la juez rechazó al estimar que no es el objeto de la instrucción quien autorizase los pagos, sino quien cobró.

Estima la defensa que el sindicato debe presentar los libros de contabilidad y rechaza la posición de la juez, según la cual lo ha hecho ya con la auditoría. La defensa cree que no merece ese nombre, al ser "una simple previsión contable". También considera esencial acceder a las agendas del investigado, dado su deterioro cognitivo y su imposibilidad de reconstruir los gastos que realizó. Se aquieta respecto al rechazo de la pericial caligráfica solicitada, y la practicará de parte, aunque reclama colaboración al Juzgado para tomar un cuerpo de escritura a la exsecretaria de Villa, Carmen Blanco, y al excontable del SOMA, Juan Cigales, que según la defensa, le falsificaban la firma.