22 de marzo de 2017
22.03.2017

Junceda reclama una ley que sistematice todo el sector público autonómico

El jurista urge una norma con criterios objetivos sobre "la creación, disolución o mantenimiento" de organismos

22.03.2017 | 01:37
Javier Junceda, entre el director del RIDEA, Ramón Rodríguez, a la izquierda, y el presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, Leopoldo Tolivar.

Javier Junceda iba a Rolex y sólo encontró setas. El jurista buscaba documentación para una comparecencia parlamentaria, así lo explicó ayer, y quiso encontrar una ley que no existe, la que debería ordenar el frondoso bosque de entes institucionales del sector público asturiano, la que tienen ahí fuera prácticamente todas las demás comunidades autónomas. La constatación de su insólita inexistencia le llevó directamente a reclamarla ayer en el RIDEA. Su charla en el Real Instituto de Estudios Asturianos articuló esta demanda sin dejar atrás el recitado de los 34 "entes" dependientes de la Administración autonómica que están pidiendo "a voces" una sistematización, en su nomenclatura unos criterios objetivos apuntalados en una única ley que rija sin afectar a las peculiaridades de cada uno su "funcionamiento básico interno" y otorgue "parámetros para decidir sobre la creación, disolución o mantenimiento de tal o cual organismo".

El administrativista asturiano hizo votos por el desarrollo del derecho institucional asturiano después de abrirse paso por la fronda "inexplorada" de las 34 instituciones que ramificó en seis entidades públicas, nueve organismos autónomos, cinco consorcios, doce empresas públicas y once fundaciones "a las que habría que añadir la Universidad de Oviedo", señaló, y a las que "cabría dotar de una regulación uniforme, aunque cada una tenga sus peculiaridades". Le escuchaban al menos dos representantes de grupos políticos que pueden contribuir a hacer real el requerimiento, las diputadas Emma Ramos (PP) y Cristina Coto (Foro). "El sector público asturiano", remarcó, "precisa de una actualización legislativa". Por muchas razones de orden jurídico y operativo, también por su notabilísimo consumo de recursos comunes.

Consciente de que la Junta General del Principado atiza de modo recurrente el debate sobre las dimensiones de la arquitectura institucional asturiana, Junceda urgió la regulación normativa también como brújula en esa discusión. "Sería interesante que nos centráramos en lo fundamental", anotó, "abordando en una única norma el mínimo común denominador del sector público", dando incluso instrucciones básicas sobre cómo desahogar o contener la creación de organismos en función de la realidad de las finanzas públicas en cada momento. Porque hasta ahora, subrayó, la actualización legislativa de esta fronda institucional se ha limitado a producir "leyes pomposamente denominadas de reestructuración del sector público que en la práctica sólo se refieren a la creación o desaparición de algunos entes, que son meramente coyunturales".

-¿Habrá alguien ahí?

El abogado reconoció que la pregunta le asaltó en algún repaso a la lista extensa de entes institucionales dependientes del Principado y animó a poner las bases para racionalizar su inflación. Junceda se dice partidario de que sin obstaculizar "un umbral de decisión política muy amplio" esta cuestión "no quede al albur de un ardor o de una pasión momentánea" y "se establezcan sistemas para que estas decisiones no sean coyunturales". "Soy la persona más partidaria de la institucionalidad", concluyó antes de incitar a explorar los territorios en los que determinados servicios atribuidos a entes dependientes de la Administración "pueden ser desarrollados en el ámbito del Estado".

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