25 de marzo de 2017
25.03.2017

Los ayuntamientos exigen el fin de sus restricciones financieras

Los concejos reclaman que Hacienda les permita invertir sus cien millones de superávit y levante las trabas para contratar

25.03.2017 | 00:48

Los ayuntamientos asturianos alzan la voz para exigir al Ministerio de Hacienda que afloje la soga. Las apreturas financieras impuestas con la justificación de la crisis aún oprimen en las casas consistoriales y el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Ignacio García Palacios, aprovechó ayer la asamblea general del organismo para pedir una tregua. Una pausa, un armisticio, un cese de hostilidades que empiece por eliminar las trabas para contratar personal, siga por el derribo del obstáculo legal que impide destinar a inversión el superávit del ejercicio anterior y culmine con la modificación del método de cálculo de su techo de gasto.

El presidente de la FACC enarboló la bandera de la gestión eficiente de los ayuntamientos para justificar la triple demanda. Porque nadie, proclamó, "nos puede llamar hoy ni malos gestores ni manirrotos. Muy al contrario, durante el último lustro el rigor en la gestión económica de las entidades locales le ha servido al Gobierno para atenuar la desviación de los objetivos de déficit generados por las administraciones central y autonómica". Con ese aval, piden. Reclaman lo que ya el Congreso de los Diputados le ha exigido al departamento que dirige Cristóbal Montoro: que revise la regla de gasto de los ayuntamientos, un corsé impuesto para sanear sus cuentas a partir de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, un tope que limita la capacidad de gasto público conforme a una fórmula que considera el crecimiento potencial de la economía y obliga a dedicar los remanentes a la amortización de deuda. Pero sucede las cuentas ya no son las de 2012. Que ahora el 95 por ciento de los ayuntamientos tienen superávit, que el generado por los municipios el año pasado suma unos cien millones de euros en Asturias -4.000 en toda España- y que "urge" poder dedicarlo a inversiones productivas o a la financiación de planes de empleo.

Los ayuntamientos son además las administraciones que más han sufrido la tijera de la crisis en sus plantillas, con un recorte de "casi 3.000 empleos" de 2010 a 2016, dijo Palacios, en concreto alguno más de 2.600 en el camino de los 11.748 empleados de 2010 y los 9.096 de 2016. Es el equivalente a la desaparición de toda la plantilla del Ayuntamiento de Gijón y aquí la demanda se sustancia en que el Gobierno les permita contener la sangría. Pide la FACC, en la línea de lo ya manifestado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que la tasa de reposición de empleados municipales pase del cincuenta por ciento actual -sólo se puede incorporar uno por cada dos trabajadores jubilados- al cien, a que por cada salida haya una entrada y así sea posible "empezar a recuperar el empleo perdido por los ayuntamientos", 99.000 desde 2012 en toda España.

El trío de reclamaciones se cierra invitando al mismo departamento del Gobierno a revisar el modelo "perverso" que utiliza para atornillar a los ayuntamientos también con el cálculo del techo de gasto. Se establece, lamenta el presidente de la FACC, tomando como base el presupuesto aprobado por las corporaciones, y no el liquidado, "lo que penaliza y mucho" a ese 95 por ciento de ayuntamientos con superávit.

"Ya no caben las excusas para no asumir estos planteamientos", remarcó García Palacios, a quien no se le pasó el nuevo escenario creado por el aval otorgado por el Tribunal Supremo al cobro de tasas municipales por el terreno que ocupa el paso de líneas eléctricas. La Federación tiene "prácticamente ultimada", anunció, un modelo de ordenanza para que los ayuntamientos afectados que lo estimen oportuno puedan aplicarla.

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