La Federación Asturiana de Concejos (FACC) reunirá próximamente a los alcaldes de los municipios con áreas de aparcamiento de autocaravanas para fijar una posición común sobre el decreto impulsado por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo que obligaría a registrar a todos los vehículos que utilizaran esas instalaciones municipales y a sus ocupantes.

El proyecto ya fue paralizado a principios de la semana pasada por el Consejo Consultivo, al entender que no se había tenido en cuenta la opinión de los ayuntamientos. Y el viernes todos los partidos del Parlamento asturiano, incluido el PSOE, que sostiene al Gobierno, votaron a favor de una moción de Ciudadanos instando a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo a respetar las ordenanzas municipales respecto a estos aparcamientos, al ser de su competencia.

La FACC no se ha posicionado públicamente al respecto, aunque sí lo han hecho algunos alcaldes de los ayuntamientos afectados, como el de Navia, también presidente de la Federación, Ignacio García Palacios, el de Mieres, Aníbal Vázquez, y la concejala de Turismo de Cangas del Narcea, Begoña Cueto.

Fuentes próximas a la FACC indicaron que "todo apunta a que hay unanimidad en exigir que se respete la autonomía municipal. Los ayuntamientos que tienen áreas para autocaravanas han regulado las normas y condiciones, unas más restrictivas y otras menos, pero sobre la base de que pernoctar no es lo mismo que acampar".

Asturias tiene unas 2.000 autocaravanas matriculadas. El Club Autocaravanista del Principado (CAPA), con 300 asociados, se mostró contrario desde un primer momento a que haya que registrarse para pernoctar en los aparcamientos municipales habilitados para estos vehículos, porque, en contra de lo defendido por el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, "no son establecimientos turísticos, que son en los que la legislación vigente obliga a registrarse". Aún provoca entre los autocaravanistas "estupefacción y cabreo" el recuerdo de las palabras de Blanco defendiendo el decreto en el Parlamento regional alegando que "no regular el autocaravanismo puede abrir una vía al terrorismo".