Benito Aláez y Leonardo Álvarez, catedrático y profesor contratado doctor del área de Derecho Constitucional, respectivamente, que han tenido que esperar varios años para ver cumplido su acceso al siguiente nivel en la carrera académica, coinciden en que los métodos de concesión de proyectos de investigación en la Universidad les perjudican pues están concebidos sobre las premisas de las Ciencias Experimentales. En otras disciplinas, exponen, no existe ningún tipo de interpretación sobre el método y se premia la interdisciplinariedad. "Eso en Derecho funciona peor", sostiene Aláez, ya que "el problema en Ciencias Sociales es que tenemos métodos distintos para resolver un problema", subraya el discípulo. "Para nosotros es más difícil entrar en consorcios europeos", reconoce Aláez. No obstante, han logrado establecer nexos importantes con universidades alemanas y es reciente una propuesta, organizada desde Polonia, en la que tratarán de analizar las democracias de la Unión Europea.
Así recuerdan que uno de sus mayores éxitos ha sido el haber construido "una excelente biblioteca de Derecho Constitucional" con publicaciones de referencia en su área pero la mengua de las suscripciones a publicaciones científicas que se impuso en la Universidad de Oviedo con la crisis hace que para generaciones futuras pueda resultar un problema. "Debería plantearse que existe cierta infraestructura necesaria para las áreas y analizar qué materiales conservar", sostiene Aláez. Leonardo Álvarez cree que el perjuicio realizado en estos años en que suspendió la suscripción a publicaciones de referencia en su disciplina ha generado ya "un perjuicio irreparable". "En seis o siete años hemos perdido esa biblioteca que nos situaba entre los mejores y el valor de una Universidad está en su biblioteca", advierte. "Nuestra herramienta de trabajo es el cerebro y nuestra gasolina para excitar a nuestras neuronas a construir un nuevo pensamiento son los libros. Esa ausencia es igual de dañina que la falta de relevo generacional", continúa Aláez.
La falta de savia nueva para cubrir el necesario relevo se anuncia como otro problema grave cuando en cinco años se jubilen los tres únicos catedráticos del área. "Somos conscientes de que el sistema nos va a tratar de dar la mano de obra más barata y explotada posible", reconoce un resignado Benito Aláez, insatisfecho con la realidad que se impone en la carrera académica porque ellos quieren que ese relevo llegue vía becas de formación o mediante la estabilización de los contratos más precarios. "Tenemos poca gente para la docencia que hay; inevitablemente tiene que haber relevo", argumenta el maestro, quien tuvo que esperar varios años para acceder a la plaza tras su acreditación a catedrático. "De qué me sirve ser catedrático si no podemos introducir personas nuevas para renovar conocimiento", se queja.
Para cultivar el método que les diferencia como grupo de investigación necesitan tener gente joven con la que dialogar y trazar líneas nuevas de investigación", prosigue. Pero para la esperada renovación de la plantilla a los más jóvenes les pesa la cantidad de controles a los que se ven sometidos. "La gente no es consciente de los difícil que es acreditarse y cada año que pasa la edad para acceder a una plaza sube exponencialmente", recalca Leonardo Álvarez, profesor contratado doctor, acreditado como titular desde hace cuatro años. Con suerte, con 44 años podrá acceder a un puesto de funcionario. "La Universidad se ha precarizado, como todo el mercado laboral", reconoce. En 2010 la edad media para ser titular era de 42 años. Uno de los actuales catedráticos del área, Francisco Bastida, accedió a la plaza con 39 años. Aláez se acreditó con 43. Ambos por encima de la media pues en la primera década del siglo XXI pocos eran los que accedían a la cátedra antes de los 49 años. Hoy con 47 se felicitan quienes logran la titularidad. "¡Cómo le vas a decir a alguien que no tiene garantizado el trabajo hasta los 47!", exclama Aláez. "Las condiciones son más leoninas que cuando entramos nosotros", agrega el maestro, "hay contratos que ponen los pelos de punta". Se refiere Benito Aláez a los falsos asociados que se ven obligados a pagar de su bolsillo la cuota de autónomos cuando nos reciben más de 700 euros de la Universidad. "Se está intentando combatir", reconocen. "Algo tiene que cambiar", plantean.
No hay plazas ya para todos los acreditados y la política de becas y contratos en formación se vio drásticamente mermada. En Ciencias Jurídicas y Sociales juega en su contra la inexistencia de patentes para valorar los resultados de su investigación. "Aquí el método es determinante", dicen.
El grupo de Aláez trabaja en un proyecto sobre derechos fundamentales y espacio público. En cuanto salga la convocatoria de ayudas I+D+i del plan nacional activarán otro sobre reforma constitucional y defensa de las democracias. Al respecto apunta el más veterano: "Hay bastante consenso acerca de que hay que cambiar cuestiones de organización territorial , que hay que federalizar el Estado y corregir disfuncionalidades. Todos tenemos claro que hay que trabajar ahí y también mejorar nuestra gobernabilidad", detalla.
El maestro recuerda que su trabajo no tiene tanto que ver con los cambios constitucionales que habría que introducir sino las cláusulas a introducir para reformar la Constitución.
Conviene también, añade el profesor de Derecho Constitucional, revisar el papel del Senado, "y actualizar derechos y libertades". Pero en una sociedad donde se ha roto el bipartidismo se hace difícil llegar a este tipo de acuerdos. Ese cambio, sin embargo, apunta a una oportunidad para el diálogo: "No les queda más remedio que sentarse a hablar y ver si queremos discutir esas reformas. La cerrazón de 2004 del PP tenía menos coste político". Una reflexión a la que añade: "Hoy el que no se sienta a negociar le va a pasar factura en las urnas. El pluralismo y el debate hace, además, que las soluciones se objetiven". Según Aláez, la reforma de la ley electoral podría paliar algunos defectos pero otras disfunciones no cambiarían sin reforma constitucional.
