Ocho personas en prisión y cinco más con orden de presentarse en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada, es el saldo de la operación contra el fraude con carne de caballo que se desarrolla en siete comunidades autónomas. En Asturias, la Guardia Civil detuvo al menos a dos personas, una en el matadero de Jarrio (Coaña) , y otra en una explotación ganadera de Ribadesella. También se registraron esta misma semana una sala de despiece privada en el concejo de Tapia de Casariego y explotaciones en Arriondas (Parres).
La investigación, bautizada como operación "Gazel", la dirige y coordina el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ponferrada. Los diez primeros detenidos pasaron a disposición judicial el jueves por la mañana y, según las fuentes consultadas, tras declarar ante el juez, seis de ellos ingresaron en prisión provisional comunicada y sin fianza. Los otros cuatro quedaron en libertad con la obligación de presentarse en el juzgados cada quince días.
Otros tres detenidos fueron puestos a disposición judicial el mismo jueves por la noche. Dos de ellos ingresaron en prisión, mientras que el tercero quedó en libertad también con la obligación de comparecer ante el juez dos veces al mes.
A los detenidos se les imputa presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
El juez mantiene el secreto de sumario porque, según las mismas fuentes, ayer mismo habrían sido detenidas otras dos personas en Ponferrada y se estaría investigando su grado de implicación en el caso.
Las investigaciones y las detenciones han sido realizadas por la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil, la Policía Judicial del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y Europol, cuya intervención se explica porque una parte de la carne de caballo que se habría comercializado, supuestamente, de forma fraudulenta, podría haber finalizado en varios mercados europeos.
Según los datos que han trascendido hasta ahora, se sospecha que se sacrificaban caballos para el consumo humano de manera ilegal, tras suministrárseles medicamentos prohibidos.
Aunque no han trascendido más información, sí se sabe que las pesquisas de la Guardia Civil se centran tanto en las operaciones realizadas por ganaderos como por representantes cárnicos y en instalaciones destinadas al sacrificio de animales para su posterior consumo.
La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, confirmó que los servicios veterinarios están analizando la carne equina. Según el Diario Palentino, una parte de la carne se habría destinado a la elaboración de cecina además de a su comercialización.
