El grupo parlamentario de Izquierda Unida impulsará en la Junta General del Principado, "a medio plazo" y con vocación de consenso “más allá de la izquierda”, la redacción de una ley autonómica específica de memoria histórica. El portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares, ha defendido esta mañana su iniciativa emplazando al Principado a “recuperar el liderazgo de la memoria que hemos perdido en los últimos años” y requiriéndose a ellos mismos a conseguir un acuerdo de amplio espectro alrededor de un proyecto que “recoge todos los aspectos de la ley estatal adecuándolos a la comunidad autónoma y cubriendo sus insuficiencias”.

El propósito de IU incluye el refuerzo del comité de expertos ya instituido mediante la puesta en marcha de un “comisionado de la memoria histórica” que asuma como propósito el diseño del futuro “instituto asturiano de la memoria”, así como la implantación antes de fin de año de una comisión de estudio sobre los crímenes del franquismo en Asturias y de un Consejo de la Memoria Democrática en el que se dé cabida a todas las organizaciones creadas en torno a este concepto y que asuma el encargo de redactar la futura ley autonómica. Se trata, apunta Llamazares, de incorporar a Asturias a la lista de las regiones españolas que ya han legislado o tienen ya con un cierto consenso parlamentario el encargo reciente de hacerlo, incluyendo en el primer grupo a Cataluña o Andalucía y en el segundo a Madrid o Extremadura. Es una cuestión de “justicia, reparación y lucha contra la impunidad”, ha rematado el diputado.

Gaspar Llamazares ha completado el alegato con la convicción de que el Gobierno del PP tiene “suspendida” de facto la ejecución de la Ley de Memoria Histórica sin destinarle ni un solo euro en los presupuestos de 2017. “El Gobierno está en rebeldía”, afirma el portavoz de IU. “Ha suprimido la oficina de ayuda a las víctimas con la idea de su simplificación administrativa, que siempre es parcial, siempre en lo que interesa al Gobierno del PP”. Y Asturias, “donde la actividad antifranquista fue muy importante”, que tiene por eso “obligaciones añadidas”, debe “dinamizar la ley y poner en marcha una norma propia” que complemente lo ya hecho, señala, por iniciativa de los ayuntamientos y la comunidad autónoma, ésta con la puesta en marcha del comité de expertos y la partida que IU exigió en la negociación presupuestaria.

El grupo parlamentario de IU ha presentado su iniciativa en la doble coincidencia del cuadragésimo aniversario del llamado “Sábado Santo Rojo” en el que se legalizó el Partido Comunista de España -ayer- con la proximidad del octogésimo sexto, este Viernes Santo, de la proclamación de la II República. Aprovechando la efemérides, Llamazares, que estaba aquel 9 de abril de 1977 “más a la izquierda del partido”, ha recordado que el PCE llegó a aquellas primeras elecciones tras un proceso sustanciado “casi en solitario”, en el que “nadie daba un duro por la legalización” y “el resto de fuerzas políticas si no eran pasivas eran beligerantes” al respecto.