La nueva Ley de Patentes que acaba de entrar en vigor obliga a las universidades públicas y centros públicos de investigación a pagar tasas, mientras que en la antigua ley, en vigor desde 1986, las universidades estaban exentas de ello. Esta modificación perjudicará a la investigación porque estas tasas son elevadas. No obstante, según explican expertos del ámbito académico esta medida fomentará la competitividad con las empresas y evitará que se creen burbujas, monopolios y reclamaciones en los tribunales por parte de aquellos que muestran afán por patentarlo todo. La cuantía de las tasas dependerá de la extensión y amplitud de la patente, por lo que nadie se atreve todavía a dar cifras.
La buena noticia es que esas tasas estarán bonificadas al 50% en el caso de los centros públicos y el resto se podrá recuperar siempre y cuando se demuestre que la patente está siendo explotada comercialmente. Se garantiza así una forma de acabar con el abuso de patentes curriculares, donde no existe una transferencia a la sociedad. De hecho, si se acredita que ha tenido un uso comercial, se retorna la cantidad pagada.
