Las defensas de los principales acusados del "caso Marea", la mayor trama de corrupción que se ha llevado ante los tribunales en Asturias, esperan que la sentencia se dé a conocer la semana que viene, una vez finalizadas las vacaciones de Semana Santa. El pasado 22 de marzo, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) aprobó liberar durante un mes al magistrado ponente de la sentencia, Francisco Javier Rodríguez Santocildes, con el fin de que se dedicase a tiempo completo a redactar el fallo. De cumplirse el vaticinio de los letrados, habrán pasado siete años y tres meses desde que la magistrada Ana López Pandiella, titular del Juzgado de instrucción número 4 de Gijón, iniciase la investigación de esta trama de corrupción en la administración del Principado en la época del presidente socialista Vicente Álvarez Areces. Las primeras diligencias se ordenaron en enero de 2010, y las detenciones de los que luego serían principales encausados fueron justo un año después.
Las defensas de estos implicados -la exfuncionaria Marta Renedo, el ex consejero socialista de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero, y los empresarios Alfonso Carlos Sánchez (Apsa), Víctor Manuel Muñiz (Igrafo), Maximino Fernández (Asac) y Antonio Azorín (Nora)- dan por descontada una condena, toda vez que no es muy previsible que la sección tercera de la Audiencia "se atreva" a anular las escuchas telefónicas que llevaron a la incriminación de la mayor parte de los acusados.
La reciente sentencia de la sección segunda de la Audiencia que anula las intervenciones que llevaron a la detención del clan de los Mercheros de las Cuencas, es un buen síntoma, según creen, pero el "caso Marea" ha sido "demasiado mediático" para que el tribunal se decante por una solución similar.
Los argumentos que dio por buenos la sección segunda para los Mercheros, que las escuchas se habían iniciado sin indicios suficientes o que se prorrogaron sin justificación y sin informar a las partes, son los mismos que han argumentado las defensas en el "caso Marea". Además, plantearon que no existía conexión entre los delitos de Renedo y el resto de acusados, por lo que debió haber dos procesos distintos.
Los letrados confían no obstante en que, una vez se produzca una condena por parte de la sección tercera de la Audiencia, el Supremo entre a valorar las cuestiones de nulidad una vez presentados los correspondientes recursos. En ese momento, la posibilidad de una anulación de las escuchas, y por tanto de las pruebas obtenidas a partir de ellas, podría ser bastante alta, "incluso del cincuenta por ciento".
El juicio del "caso Marea" se inició hace justo un año, el 5 de abril de 2016, con fuertes críticas a la instrucción llevada a cabo tanto por Ana López Pandiella como por Ángel Sorando, anterior titular del Juzgado número 2 de Oviedo. A López Pandiella se la echó en cara de prolongar las intervenciones telefónicas durante meses. De hecho, las que condujeron al procesamiento de José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero fueron en junio de 2010, meses después de iniciarse las investigaciones. En cuanto al juez Ángel Sorando, le llovieron las críticas por prolongar el secreto de las actuaciones, extender sin orden ni concierto la lista de imputados, que llegaron a ser 43, y luego cerrar de forma apresurada la instrucción en octubre de 2013, lo que llevó a la Fiscalía a pedir que se revocase. El Principado también fue acusado de falta de colaboración, De hecho, el primer día del juicio intentó incluir un informe sobre irregularidades en la provisión de material a medio centenar de colegios. El informe no se incorporó, pero ha dado lugar a una nueva investigación, aún en curso.
La lista de imputados quedó reducida a 17, y posteriormente se procesó a quince, aunque finalmente, el número de acusados fueron trece, siete por parte de todas las acusaciones, y otros seis solo por las acusaciones populares. Es muy posible que estos últimos -los trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo Paz Rodríguez Pendás, Isaac Ovies y Joaquín Villa Cantero, el funcionario de la Politécnica de Gijón José Manuel Blanco, el arquitecto del ayuntamiento de Avilés Braulio Iglesias y el exjefe de compras del Ayuntamiento de Mieres, Francisco Javier Juárez- resulten absueltos en la sentencia que se dará conocer de forma inminente, nueve meses después de que quedase visto para sentencia, el 29 de julio pasado.
