La Fiscalía ya ha presentado a la jueza Simonet Quelle Coto su escrito de acusación provisional contra el exlíder minero, José Ángel Fernández Villa, para el que solicita 5 años de cárcel, y contra el exsecretario general de la fundación Infide, Pedro Castillejo, para el que pide tres años y seis meses de prisión. Además, Villa deberá indemnizar al SOMA-FITAG-UGT con 434.158,43 euros de los que supuestamente se apropió, mientras que Castillejo tendrá que devolver a la fundación del sindicato otros 119.434,74 euros, que presuntamente habría desviado en gastos personales.
El Ministerio Fiscal entiende que Villa "aprovechando su posición de absoluto control de la entidad, ideó un plan destinado a desviar los fondos del sindicato minero a su patrimonio personal o a sustraer al debido control el uso de los citados fondos conforme a su finalidad legítima". Además, "utilizó el patrimonio del SOMA como una cuenta personal de gastos en la que, además de los justificados por su actividad de secretario general, añadió otros personales".
Así, cita el fiscal que Fernández Villa presentaba hojas de gastos de kilómetros y cobraba dietas, pero también presentaba al cobro los gastos de restaurantes y comidas, carburantes, multas y reparaciones de su vehículo privado, entre otros. Y "realizó compras sin justificación en diversos conceptos y establecimientos, como puros, sombreros, flores, centros dietéticos, maletas, farmacia y parafarmacia, delicatessen, libros, perfumes".
Por su parte, Pedro Castillejo "mantuvo la posición de absoluto control" sobre la fundación Infide, lo que "aprovechó" para "realizar una serie de operaciones carentes de relación con la actividad de la fundación". Y cita la Fiscalía, "reintegros en efectivo, pagos en innumerables restaurantes, farmacias, tiendas, parkings, etc".
Según el fiscal, entre los años 2004 y 2013 Pedro Castillejo "habría hecho suyas o habría destinado a finalidad ilegítima" un total de 119.434,74 euros. La mayor cantidad correspondió a 2010, por un importe global de 15.928 euros.
La Fiscalía acusa tanto a Villa como a Castillejo de sendos delitos continuados de apropiación indebida. En el escrito de acusación provisional, el fiscal detalla por años los gastos realizados con dinero en metálico y con tarjeta. También apunta que "ninguna de las cantidades recibidas o destinadas a un fin distinto del procedente, individualmente consideradas, excedió de los 50.000 euros".
