19 de abril de 2017
19.04.2017

Seis meses para un funcionario que falsificaba permisos para inmigrantes

Un exjefe de Emigración en Ceuta que trabajó en la Delegación del Gobierno asturiana montó una red para facilitar la entrada de marroquíes

19.04.2017 | 01:35
Román P. C. sale de la Audiencia Provincial.

Román P. C., que fue funcionario de la Seguridad Social en la Delegación del Gobierno en Asturias, aceptó ayer seis meses de prisión en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, por un delito de inmigración ilegal. El acusado montó una red con una decena de vecinos de Oviedo y Colloto para solicitar falsos permisos de trabajo para marroquíes, unos hechos que se descubrieron a principios de 2006. Un quince ciudadanos de ese país se beneficiaron de los falsos permisos, solicitados para empleados de hogar. El entonces funcionario no dudó en involucrar a su mujer, su hija y su yerno, también condenados. Durante la larga instrucción de este caso, que no se ha juzgado hasta 11 años después de la apertura de las investigaciones por el Juzgado número 1 de Oviedo, Román P. C., defendido por el letrado Ricardo González, adujo que era adicto a la cocaína.

Finalmente, en la mañana de ayer aceptó seis meses de cárcel, "para no correr ningún riesgo", según explicó su abogado. Una de las líneas argumentales de su defensa era que, tras la apertura de las investigaciones en Oviedo, a Román P. C. se le nombró jefe de servicio de Emigración en la Seguridad Social de Ceuta, un puesto en el que estuvo cinco años, lo que en opinión de su defensa demostraba que, para la Administración del Estado, no había cometido irregularidad alguna. Ahora está jubilado y reside en Gijón.

Las otras diez personas implicadas en la red de inmigración ilegal aceptaron una pena de multa de tres meses y un día, a razón de seis euros diarios, 546 euros en total. La fiscal del caso, Adoración Peñín, aceptó rebajar las penas solicitadas (cuatro años en el caso del funcionario, dos años en el caso de los demás acusados) en atención a las dilaciones indebidas del caso.

Durante la investigación no se logró demostrar que tanto el funcionario como las diez personas a las que involucró en su red cobrasen dinero por traer de forma fraudulenta a los marroquíes. Tampoco pudo incriminarse a ningún otro funcionario de la Delegación del Gobierno. Y es que los permisos de trabajo se tramitaban en la sección de Extranjería. "Nos conocíamos de Colloto. Una vez me preguntó si podía hacerle el favor de ir a la Delegación del Gobierno para hacer la solicitud, y como le debía algún favor acepté, pero nunca me imaginé que estuviese metido en una red de inmigración ilegal. Firmé el documento en Extranjería. Llegué allí con Román. El funcionario del servicio no me preguntó nada. Yo, desde luego, no cobré nada, pero sí sé que otros sí que llevaron algo", aseguró uno de los ayer condenados.

El letrado Ricardo González lamentó que este caso se haya demorado tanto. "Una justicia que se dilata desde enero de 2006 hasta abril de 2017 no puede llamarse justicia. Urge que se tomen medidas legislativas para que las sentencias se dicten en un plazo razonable. No puede someterse a esta tortura a una persona, por muy culpable que sea", ha indicado el letrado.

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