El PP de Asturias ha elaborado una propuesta para modificar la Ley de Salario Social en la que plantea limitar su percepción a dos años, y un tercero en casos excepcionales, vincularlo a la formación y la búsqueda activa de empleo, y que se pueda cobrar incluso cuando se esté trabajando si el sueldo es inferior al salario mínimo interprofesional (SMI), que en la actualidad es de 707 euros al mes. También se plantea ofrecer rebajas en las cotizaciones a la Seguridad Social para aquellas empresas que contraten a perceptores del salario social.

La presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, y el diputado regional y portavoz de Políticas Sociales del partido, Matías Rodríguez Feito, cargaron contra la "gestión ineficaz" del Gobierno socialista, y añadieron que su propuesta, que ya han presentado en el Parlamento asturiano, es "innovadora, avanzada, solidaria y comprometida con las personas, pero con una vinculación directa con la inserción laboral".

Según los datos aportados por Rodríguez Feito, en la década que lleva vigente el salario social se ha pasado de 4.317 titulares beneficiarios a 20.873 a fecha de 31 de marzo de 2017. Así, la nómina anual se ha incrementado de 10,5 millones a los cerca de 120 con el que según las previsiones, se cerrará el actual ejercicio.

Los puntos más destacables de la propuesta del PP asturiano son elevar la cuantía del salario social de los 442 euros al mes a 532 (el Iprem) y que sea compatible cobrar el salario social con tener trabajo siempre que el sueldo sea inferior al mínimo interprofesional. Este sistema es el que se aplica en el País Vasco, donde se complementan ambas percepciones.

El PP quiere limitar la percepción del salario social a un máximo de dos años, prorrogables a un tercero por causas excepcionales. Pero quedarían al margen de esta condición quienes por razones de edad o de salud necesiten este ingreso.

Otra de las propuestas es que quien perciba el salario social y encuentre un empleo de duración inferior a un año, puedan volver a percibir la ayuda cuando se queden sin trabajo sin tener que volver a solicitarlo. Se plantea, además, realizar un estudio de necesidades del mercado laboral y un programa de inserción en colaboración con los ayuntamientos. Y se pide a la patronal FADE y a las empresas "que pasen de las palabras a los hechos" y se comprometan a contratar a perceptores del salario social. También se comprobará cada trimestre que el titular cumple los requisitos y que no rechaza ofertas laborales.