El llamado escándalo de "la Mareína" ha vuelto a quedar en nada, esta vez en el Tribunal de Cuentas, que ha archivado el procedimiento abierto a raíz del informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas que ponía reparos a siete contratos de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo a La Productora, al considerar que hubo posición de ventaja de las empresas del grupo y que faltó concurrencia y negociación real. La documentación fue remitida al órgano con sede en Madrid por la Comisión de investigación del "Caso Marea". El Tribunal de Cuentas rechaza que se haya producido responsabilidad alguna y avala los contratos, como ya lo hiciera la secretaría general técnica de la Consejería de Sanidad en las alegaciones presentadas ante la Sindicatura.
Con este archivo por parte del Tribunal de Cuentas se disuelve de forma definitiva el supuesto escándalo de los contratos de Consumo -en concreto eran para la explotación de los centro de formación de consumo de Blimea, Lugones, Tineo, Ribadesella y Vegadeo-, cuya fiscalización fue solicitada por el hoy vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes (de Ciudadanos, entonces en UPyD), con el apoyo de Foro, PP e IU -y el voto contrario del PSOE-, tras recibir un anónimo que relataba supuestas irregularidades.
Pocos días antes, una funcionaria molesta con el entonces director de la Agencia de Consumo, Juan Llaneza, había acudido al juez Ángel Sorando, a la sazón titular del Juzgado número 2 de Oviedo, para denunciar supuestas irregularidades en la Agencia de Consumo, como el préstamo de personal por parte de La Productora, la facturación de servicios no realizados, la existencia de una contabilidad paralela, destrucción de documentos... Sorando llegó a reputar a Llaneza de "miembro de una mafia" en la que regía la "omertá", la ley del silencio, motivo por el que mantuvo el secreto de las actuaciones durante un año, y declaró testigo protegido a la funcionaria.
Llaneza y sus colaboradores en la Agencia de Consumo estuvieron imputados durante más de cuatro años, desde 2012. Finalmente, Sorando abandonó el juzgado, se hizo cargo de la investigación la magistrada Simonet Quelle Coto y cuando llegó el momento de que la funcionaria se ratificase en sus acusaciones, incurrió en numerosas contradicciones. Por si fuera poco, el Síndico Mayor, Avelino Viejo, fue llamado a declarar por la jueza, pero no aclaró los extremos del informe elaborado por el organismo que dirige, aduciendo desconocimiento. La juez terminó sobreseyendo la causa abierta por Sorando el pasado mes de febrero, pero a costa de que Llaneza y sus colaboradores se viesen inmersos en un calvario de sospechas que se prolongó durante cuatro años y medio. Al saberse inocente, Llaneza emitió un duro juicio sobre Sorando.
