La aplicación del impuesto propio sobre las bebidas edulcoradas plantea ya en Cataluña un alza de precios variable en función de la información nutricional del envase. Las primeras simulaciones pondrían, por ejemplo, 24 céntimos encima de la tarifa actual de una botella de dos litros de refresco de cola hasta componer una elevación que se situaría en el entorno del dieciséis por ciento en una primera marca y podría llegar al cincuenta en una marca blanca que tenga el mismo contenido en azúcares. La primera pasaría de costar 1,43 euros a 1,67; la segunda, de 0,47 a 0,71. Un bote de 25 centilitros de bebida energética subiría tres céntimos y el alza llegaría a doce en cada litro de batido de chocolate o bebidas hechas a base de zumos o néctares de frutas... El proyecto de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para este año incluye una previsión de recaudación de unos 31 millones de euros por este concepto.
El Gobierno autonómico catalán se ha adelantado, pero el Estado tiene sus propios planes para dotar al sistema impositivo de todo el país de un tributo armonizado sobre los refrescos con azúcar. El Ministerio de Hacienda lo anunció el otoño pasado, pero más recientemente ha insinuado su intención de aplazar aquellos planes. En el Programa de Estabilidad 2017-2020, que el Ejecutivo acaba de remitir a Bruselas con sus previsiones y medidas para embridar el déficit público, no figura ya como intención inmediata el nuevo tributo sobre los refrescos azucarados. A la luz de los nuevos planes del departamento que dirige Cristóbal Montoro, el impuesto solamente se pondrá en marcha si se detectan desviaciones presupuestarias que impidan alcanzar el objetivo de déficit. El Gobierno tenía prevista por este concepto una recaudación próxima a los doscientos millones de euros. La misma suerte que el gravamen sobre los refrescos sufrirán los nuevos tributos medioambientales anunciados también en otoño.
