Las pensiones compensatorias que reciben las mujeres tras divorciarse están en riesgo de desaparición. Según la Asociación de Separadas y Divorciadas de Asturias, cada vez son de menor cuantía y limitadas en el tiempo, lo que obliga a muchas mujeres a recurrir a ayudas públicas, como el salario social o las subvenciones para el alquiler.
Asturias registró en 2015 -últimos datos oficiales- un total de 2.264 divorcios, de los que 764 (33,7%) correspondían a matrimonios que llevaban casados más de dos décadas. En muchos casos, la ruptura se produce en parejas que superan los 50 años y las mujeres no han trabajado durante los años de matrimonio para hacerse cargo del cuidado de la casa y de la familia.
Jéssica Castaño, presidenta de la Asociación de Separadas y Divorciadas de Asturias, explicó que "ahora la pensión compensatoria máxima que se concede está en el 30% y el tiempo es muy limitado, normalmente tres años. La media suele estar en 300 euros. Muchas no encuentran trabajo, se ven obligadas a recurrir a ayudas públicas, como el salario social o subvenciones al alquiler". En el caso de que ella sí tenga un trabajo fuera del domicilio, la pensión y el periodo de cobro es más reducido.
Las indemnizaciones
Precisamente por esta situación, es por lo que se están incrementando las demandas de divorcio en las que se reclama una indemnización por los años durante los que la mujer ha trabajado atendiendo a la familia.
"En unos casos se contempla el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y en otros el sueldo que habría cobrado esa mujer si la familia hubiera contratado servicio doméstico durante esos años, y se hace un cálculo similar al que se cobraría en caso de despido", explicó Castaño. "En estos casos, ella cobra la indemnización de una sola vez y se administra de cara a cuando se extinga la pensión compensatoria", abundó.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del Principado ve en este tipo de indemnizaciones una fórmula "que puede ser positiva para todas las partes". Y añade: "La pensión conlleva revisión del IPC y además le afecta cualquier modificación en las retribuciones de quien la abona, tanto para bien como para mal; él se quita del medio un problema de una sola vez, ella se puede administrar y las dos partes ahorran dinero y trámites judiciales".
Eso sí, siempre es preferible llegar a un acuerdo entre las partes implicadas que dejar la decisión final en manos de un juez, "por la relación y porque es mucho más barato", concluye Jéssica Castaño en su análisis sobre la realidad de este colectivo.
