El exlíder sindical José Ángel Fernández Villa y quien fuera su mano derecha en la fundación Infide, Pedro Castillejo, se sentarán en el banquillo de los acusados, previsiblemente en 2018, acusados de sendos delitos continuados de apropiación indebida. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Simonet Quelle Coto ha declarado la apertura de juicio oral, y exige a Villa una fianza de 434.158,43 euros, y otros 119.434,74 a Castillejo. La jueza apercibe con embargos de bienes, "en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada", si no depositan dichas cuantías.
La cuantía a pagar por Villa se incrementa considerablemente al ser condenado a pagar las costas de los recursos perdidos hasta ahora, y que pueden suponer unos 1.000 euros por cada uno de ellos. Su letrada ha solicitada no abonar las costas porque pueden ocurrir distintos supuestos, desde que el caso sea sobreseído a que finalmente se declare la inocencia de su representado e incluso su fallecimiento.
La Fiscalía ha solicitado para Fernández Villa una pena de cinco años de prisión, una multa y una indemnización al SOMA de 434.158,43 euros por el dinero del que presuntamente se apropió y que era propiedad del sindicato minero. En el caso de Pedro Castillejo, la petición del fiscal es de tres años y seis meses de prisión, multa y una indemnización a Infide, la fundación que dirigió, de 119.434,74 euros, también correspondientes al dinero con el que supuestamente se quedó.
Los letrados de la acusación particular, Miguel García Vigil y Luis Llanes, del despacho de abogados Ontier, en representación del SOMA, han elevado las penas solicitadas por el fiscal. Así, en el caso del exsindicalista incrementa la petición de cárcel a seis años, además de una multa y una indemnización de 431.330,77 euros. Y para Pedro Castillejo, la pena de cinco años de prisión, multa y una indemnización para la fundación Infide de 114.954,74 euros.
La jueza advierte de que contra el auto de apertura de juicio oral no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado.
Tanto Villa como el que fuera su mano derecha en la fundación del SOMA tienen tres días de plazo para comparecer en la causa con abogado y procurador. Si no lo verifican, se les nombrará uno de oficio. En este caso sí cabe recurso de reposición en el plazo de tres días.
La Fiscalía y la acusación particular coincidieron en sus escritos provisionales de acusación en que Villa planeó quedarse con dinero del SOMA para su lucro personal o para uso propio, aprovechándose de su posición de control y dominio absoluto en la organización sindical minera. En el caso de Castillejo, tanto el fiscal como los letrados del SOMA indican que se aprovechó de la amistad con Villa para beneficiarse del dinero de Infide o para su uso particular.
Estas acusaciones han sido reiteradamente negadas por Pedro Castillejo, quien asegura que todo es una venganza de personas del SOMA por "envidia" y porque se negó a posicionarse en contra de Fernández Villa. También ha reiterado que no se le ha permitido ver la contabilidad en la que se basa la demanda del SOMA, y que tampoco se ha tenido en cuenta las pruebas por él presentadas para justificar los gastos que realizó como director de Infide. En su opinión, se enfrenta a una "indefensión clamorosa".
