Confirmado el despropósito judicial, tal como adelantaba LA NUEVA ESPAÑA. La magistrada María Paz González-Tascón, titular del Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo y encargada de juzgar a los dueños de Igrafo por fraude fiscal, ha decidido esta mañana anular el juicio y convocarlo de nuevo al considerar que falta una prueba esencial en el proceso, un anexo de unas mil páginas con más de 200 facturas que acompañaba al informe de los expertos de Hacienda. Sin esta prueba, la juez se hubiese visto obligada a absolver a los acusados, los hermanos Víctor Manuel y José Roberto Muñiz. El problema es que la jueza rechazó la incorporación de esa prueba en el momento procesal oportuno, esto es, al principio del juicio, que se inició este lunes. Tal como explicó esta mañana a los letrados de las defensas y la acusación, en ese momento creyó que esa prueba tan importante no podía no estar en el procedimiento. Pero fue ayer cuando constató que efectivamente no estaban las facturas en los autos. Ahora convocará un nuevo juicio para julio o septiembre, una vez que se incorporen los anexos.

El problema es complejo. Los trámites procesales para presentar pruebas están muy tasados. Las facturas debieron incorporarse en el momento de la instrucción -que se separó de la causa madre de corrupción en la administración del Principado, pendiente de sentencia-, que corrió a cargo del magistrado Ángel Sorando. La jueza salió en defensa de él y aseguró esta mañana que Sorando había ordenado que las facturas se incorporasen, pero no se sabe si el funcionario de turno olvidó incluirlas en los autos. En cualquier caso, creen fuentes jurídicas, sigue siendo responsabilidad de Sorando el haber comprobado que esa documentación se hallaba en la causa. Los documentos están foliados y tras el informe de Hacienda, al que deberían seguir las mil páginas de facturas, se salta a otra resolución, sin solución de continuidad. Las facturas pudieron incorporarse más tarde, por parte de las acusaciones. Pero tampoco se hizo. Solo el fiscal que se hizo cargo del caso últimamente, Enrique Valdés-Solís, se percató de la ausencia de las facturas y trató de subsanarlo en el momento procesal oportuno, esto es, al inicio del juicio, este lunes. Pero en ese momento, la magistrada González-Tascón no creyó oportuna su inclusión.

Las defensas de los hermanos Muñiz consideran que se están vulnerando sus derechos fundamentales con la última decisión de la jueza, ya que solo cabe dictar una sentencia absolutoria. Si se repite el juicio con las facturas, pedirán la nulidad del mismo y su repetición, por tercera vez, esta vez sin los documentos que deberían haberse incluido en la causa mucho antes. Y si se dicta una sentencia condenatoria, recurrirán hasta las últimas consencuencias. "Alguién nos dará la razón", indicó el letrado de Víctor Manuel Muñiz, Miguel Valdés-Hevia.