Los fondos mineros fueron el método ideado por los gobiernos del PP, primero, y del PSOE, después, para compensar a los territorios carboneros por el cierre progresivo de los pozos mineros y la pérdida de miles de puestos de trabajo.

El cierre de la minería española ya se había puesto sobre la mesa con Felipe González como presidente, pero nunca se llevó adelante. Con la llegada de José María Aznar a la Moncloa, el nuevo Gobierno quería cerrar las minas por la vía rápida cuando aún quedaban 24.405 trabajadores en el sector. No pudo hacerlo. Una gran huelga a principios de 1997 acabó forzando al Gobierno de José María Aznar a firmar el Plan de la Minería 1998-2005. En él, además de confirmar la supervivencia de los pozos -reduciendo los empleos de 24.000 a 17.500 mediante prejubilaciones- se recogía el compromiso de invertir 500.000 millones de pesetas (3.000 millones de euros) para la construcción de infraestructuras, captación de empresas y formación. En este primer Plan destacan obras como la Autovía Minera o el campus universitario de Barredo, en Mieres. También se gastaron cientos de millones en saneamientos, una infraestructura de la que carecían buena parte de las poblaciones de las Cuencas. Las aguas del Nalón y del Caudal dejaron de bajar negras, como hicieron durante prácticamente un siglo.

El Plan 2006-2012 lo firmó ya el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. La reducción de empleo dejaba al sector en unos exiguos 5.000 empleos, a cambio de otorgar otros 2.880 millones de euros para las Cuencas. Si en el primer plan la mayor parte del dinero sí que llegó a invertirse, en este caso apenas llegó a utilizarse. "Incumplimiento" fue la palabra clave. Retrasos, caducidad de convenios, cierre de empresas que habían recibido ayudas en años anteriores... La llegada del Gobierno de Rajoy dio carpetazo al plan: dijo que suprimía estos fondos mineros. Ahora hay juicios y obras, como el soterramiento de las vías en Langreo, en marcha, sin saber cuándo terminarán.