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La "operación Hulla"

Las pesquisas se centran en el Ministerio por el abono de las obras de Felechosa

El Montepío de la Minería entregaba certificados de trabajos realizados y el Instituto para la Reestructuración de la Minería los abonaba

Miguel Sebastián, en la toma de posesión de Pedro Luis Marín. ARCHIVO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se encarga de la "operación Hulla", tiene el foco en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, un organismo hoy dependiente del Ministerio de Energía y que se encargó de efectuar el reparto de los fondos mineros y tutelar su gestión. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, agentes de la UCO entraron en la mañana del martes en la sede del organismo y reclamaron amplia documentación.

Esta institución fue la que consintió (con presiones sindicales según algunas fuentes) que la obra del geriátrico de Felechosa fuese gestionada por el Montepío de la Minería en vez de por una administración pública. Aquello supuso una situación excepcional, aunque no fue única. Pero de hecho, fue por eso que el proyecto se consideró "singular".

Al frente del organismo se encontraba en ese proceso el economista Pedro L. Marín Uribe, secretario de Industria del entonces ministro Miguel Sebastián, del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"No sé nada, no sé nada", se limitó a decir ayer Marín Uribe a la llamada de este periódico. Preguntado si se había recibido alguna citación para declarar como testigo o si se encontraba investigado en la "operación Hulla" dijo: "No sé nada, lo siento, no sé nada". Y colgó el teléfono. Según algunas fuentes, el entonces líder minero José Ángel Fernández Villa "le pegaba unas broncas enormes para forzar que se impusiera su voluntad".

La singularidad del proyecto del geriátrico de Felechosa fue tal que el Ministerio de Industria de entonces tuvo que modificar el real decreto que regulaba el reparto de los fondos mineros para que tuviera cabida en ellos.

Según las fuentes consultadas, las pesquisas se centran en aclarar si las certificaciones de obra entregadas por el Montepío al IRMC se correspondían con los trabajos hechos y con los precios reales de los materiales. Las auditorías e informes técnicos realizados por la actual dirección del Montepío de la Minería apuntan a que no. Es más, incluso a que existen certificados trabajos por valor de dos millones de euros que no se realizaron.

La UCO también se investiga si la obra se troceó en al menos una decena de contratos menores para adjudicarlos a subcontratas que se veían "obligadas" a pagar "mordidas" para hacerse con los trabajos.

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