04 de junio de 2017
04.06.2017
La "operación Hulla"

El Ministerio cambió los fondos mineros y blindó el Montepío frente a los controles

La Intervención del Instituto para la Reestructuración de la Minería halló anomalías tras abonar 27 millones de los 32 del geriátrico

04.06.2017 | 00:11
El Ministerio cambió los fondos mineros y blindó el Montepío frente a los controles
José Antonio Postigo, con José Ángel Fernández Villa y Jesús Caldera, en 2011, cuando el Montepío de la Minería le concedió la medalla de oro de la mutualidad por "su compromiso con el proyecto".

El Gobierno central hizo todo lo posible para que la construcción de la residencia geriátrica del Montepío de la Minería fuese una realidad. Así, eliminó el límite legal de financiación y determinó pagar con fondos públicos el 100% de una inversión de 31 millones de euros (más de 5.000 millones de las antiguas pesetas) cuyo destinatario final fue una empresa privada: Residencia de Mayores de la Minería S. L., que creo José Antonio Postigo, presidente de la mutualidad y lugarteniente del exlíder minero José Ángel Fernández Villa. Todo ello sin someter ni el proyecto, ni las obras ni los pagos a fiscalización de ningún tipo. Fue la Intervención Delegada del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) quien dio la voz de alarma cuando ya se habían abonado 27,6 millones de euros y sólo faltaba por pagar la última factura, de casi 3,3 millones de euros. Son los que ahora reclama como impagados la actual dirección del Montepío.

El convenio suscrito directamente entre el IRMC y el Montepío de la Minería incluso amplió el presupuesto inicial en más de dos millones de euros, para incluir el abono del proyecto y los trabajos que ya se hubieran iniciado hasta dos años antes. Todo ello saltándose además la legislación en materia de contratación. Esto es lo que explicaría la "importante" cantidad de documentación, tanto en papel como en soporte informático, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, "recabó" en el registro realizado en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), dependiente del Ministerio de Industria.

La historia del geriátrico de Felechosa empezó en 2007, cuando José Antonio Postigo, presidente del Montepío de la Minería y lugarteniente del exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, presentó su proyecto. El sindicato minero lo acogió como propio con el respaldo de la federación de la Minería de CC OO de Asturias y logrando el apoyo unánime de la Mesa Regional de la Minería, en la que participaban también el Principado y los ayuntamientos mineros representados en ACOM, con su presidente, Gabriel Pérez Villalta, a la cabeza.

En febrero de 2008 el Montepío encarga la elaboración del proyecto al arquitecto Manuel Sastre. Pero no es hasta julio de ese mismo año (cinco meses después) cuando la Mesa Regional de la Minería le da el visto bueno y lo incorpora como proyecto válido a sufragar con fondos mineros al cumplir los requisitos exigibles para ello.

En esa reunión se acordó destinar 28.858.889,98 euros al proyecto en las anualidades correspondientes a 2008 y 2009. Esta cuantía supone el 14% del total de los fondos mineros destinados a infraestructuras para ambos ejercicios.

Cinco meses más tarde, en diciembre de 2008, se reunió la Comisión de Cooperación entre el IRMC y el Principado. Es entonces cuando el gerente del instituto público le comunica al entonces consejero de Industria, Graciano Torre, que el proyecto para el complejo geriátrico no cuenta con cobertura legal y que se va a modificar el real decreto que regula los fondos mineros para ampliar, con condiciones, el límite del 1% que se puede conceder a entidades sin ánimo de lucro.

Esta modificación se aprobó en julio de 2009, eliminando el 1% sin establecer un nuevo límite, aunque la condición era que tenía que restringirse su uso a proyectos singulares y apoyados por unanimidad de la Mesa Regional de la Minería.

El primer paso estaba dado. En diciembre de 2009 se suscribió el convenio que permitía ejecutar el proyecto y que decía: "El Instituto financiará en un 100% las actuaciones previstas en este convenio de colaboración específico con una aportación económica que no superará los 30.916.163,53 euros". Es decir, 2.057.273,55 euros más de los que se habían aprobado en la Mesa Regional de la Minería. Ese incremento, especifica el convenio, es para incluir la redacción del proyecto, asistencias técnicas y obras ejecutadas con anterioridad a dos años. Y establece que los abonos los realizará directamente el IRMC al Montepío, y que la relación es directa sin intervención ni control por parte del Gobierno regional".

Cuando se suscribió el convenio las obras ya habían empezado. El Montepío las había adjudicado a la pequeña empresa Alcedo de los Caballeros, del constructor Juan Antonio Fernández, nueve meses antes, en marzo.

En la modificación del real decreto que eliminó el límite del 1% a subvencionar, quedó un fleco suelto. Se mantuvo inalterable que las ayudas se debían trasladar íntegramente a "beneficiarios finales no empresariales".

El Montepío de la Minería es una fundación sin ánimo de lucro, por lo que podía acceder a esa subvención. Pero Postigo había creado la sociedad Residencia de Mayores de la Minería S. L., para gestionar y explotar el geriátrico de Felechosa, lo que la convierte, al menos en teoría, en beneficiaria última de los fondos públicos. Es decir, aunque el accionista único sea el Montepío, se trata en realidad de una empresa privada cuya inversión habría sido pagada íntegramente con los fondos mineros.

Como proyecto empresarial, "nunca, en ningún caso" el geriátrico de Felechosa hubiera obtenido el 100% de la inversión, aseguraron las fuentes consultadas. Y además, se tendría que haber sometido a una serie de condiciones y controles, como la creación de empleo, la inversión propia de los impulsores del proyecto y el mantenimiento de todos los requisitos durante un tiempo determinado.

Por si esto fuera poco, la normativa impide expresamente que las Mutualidades de Previsión Social realicen actividades empresariales distintas de la aseguradora. Esa es la razón por la, al parecer, Postigo habría constituido la empresa Residencia de Mayores de la Minería S. L., evitando así incumplir la legislación en dicha materia.

Y aún queda una tercera pata. ¿El residencial geriátrico de Felechosa, con spa abierto al público y habitaciones para no residentes, según el proyecto, es un centro hospitalario, de recreo y ocio, un hotel? ¿Cómo se le puede calificar? Porque según el caso, habría que aplicar o no la normativa correspondiente a la contratación pública. Pues se resolvió fácil: como la firma del convenio fue posterior al inicio de las obras, pues no había disquisición porque ya se había hecho el proyecto y la contratación.

Fue el interventor delegado en el IRMC el que a finales de 2011, cuando llegó la hora de abonar la última factura y dar por liquidada la obra, el que detectó las múltiples irregularidades que habían acompañado el proyecto y elaboró un informe que supuso la paralización total del expediente. Entre las anomalías figuraban la falta de control en la contratación y la conveniencia de que en el convenio suscrito con el Montepío se hubiera regulado la presencia de funcionarios del IRMC.

El exministro socialista Jesús Caldera jugó un papel fundamental en que el proyecto de la residencia geriátrica saliera adelante -de hecho se le concedió la medalla de oro del Montepío por su apoyo-, aunque fue su sucesor, Miguel Sebastián, quien ocupaba la cartera de Industria cuando se firmó el convenio entre la mutualidad y el Instituto de Reestructuración de la Comarcas Mineras (IRCM).

Distintas fuentes consultadas coincidieron en que la investigación que impulsa la Fiscalía Anticorrupción "aún va a dar para mucho más". También indicaron que "parece evidente" que se están confirmando muchas de las irregularidades recogidas por quien presidiera la comisión de investigación en la Junta General del Principado, Ignacio Prendes (entonces diputado regional de Ciudadanos y en la actualidad diputado nacional), que en abril de 2015 denunció el presunto caso de corrupción en la Fiscalía del Principado entregando la documentación recabada durante el proceso.

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