Los principales implicados en la presunta trama hullera que trata de esclarecer la Fiscalía Anticorrupción tienen todas sus propiedades bloqueadas, según fuentes próximas al caso. Esto significa que no podrían utilizarlas para abonar sus finanzas en el caso de que hubieran salido adelante las cuantías que reclamaban los fiscales: un millón de euros para José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la Minería, y otro tanto para el constructor, Juan Antonio Fernández, y 400.000 euros para el exasesor fiscal de la mutualidad, José Manuel Fernández.
Para el único que los fiscales anticorrupción Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa no pidieron cárcel ni fianza fue para el arquitecto, el lenense Manuel Sastre. Según su abogado, Javier Díaz Dapena, "no había motivo para ello. Las facturas se corresponden con su trabajo, las cobró y tributó por ellas". También señaló que su representante "se encuentra bien aunque muy cansado", sin entrar en más detalles.
Por su parte, Miguel Valdés Hevia, letrado del constructor Juan Antonio Fernández, también prefirió ayer no realizar comentarios sobre la causa, aunque señaló que la solicitud de la Fiscalía de un millón de euros de fianza "es desproporcionada". También indicó que su representado está "agotado, y aunque estuvo muy preocupado, luego ya se relajó. Es una situación muy desagradable".
La jueza Begoña Fernández decretó la libertad para los cuatro detenidos, aunque Postigo, el constructor y el exasesor fiscal, José Manuel Fernández, tendrán que presentarse cada 15 días en el Juzgado.
