Había comisiones, y se pagaban en el bar que Juan Antonio Fernández, dueño de la constructora Alcedo de los Caballeros, tiene en Pola de Lena. Esta es una de las conclusiones de la investigación llevada a cabo por de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para aclarar el origen de la fortuna del exlíder minero José Ángel Fernández Villa y del expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo. Según las investigaciones, el que fuera lugarteniente del ex secretario general del SOMA podía haber utilizado al constructor y sus empresas como canal para recibir el dinero "distraído" de las obras del geriátrico de Felechosa, que Anticorrupción eleva aproximadamente a 15 millones de euros, casi la mitad de lo que costó y que se pagó con los fondos mineros.

Según esas pesquisas, el ex asesor fiscal de la mutualidad, José Manuel Fernández, era quien guardaba el dinero obtenido supuestamente de forma fraudulenta. Lo hacía en una caja fuerte de un banco y fue él quien realizó los ingresos en las cuentas bancarias de los exsindicalistas y sus familias para regularizarlo. Los médicos forenses han constatado que Villa está apto para declarar, aunque las fuentes consultadas indicaron que se acogió a su derecho a no hacerlo.

La investigación de la UCO apunta, siempre según las fuentes consultadas, a que las certificaciones liquidadas a cuenta de los fondos mineros, se habrían "hinchado" de manera artificial porque hay partes de la obra de Felechosa que figuran como ejecutadas pero que no se corresponden con lo proyectado o con lo ejecutado. Hubo, por tanto, presunto sobrecoste, desvíos y, según las declaraciones de algunos testigos, "mordidas" que se pagaban en efectivo en un bar de Pola de Lena que resultaba ser propiedad de Juan Antonio Fernández. Este establecimiento estaba abierto al público al día siguiente de su puesta en libertad después de tres días en el calabozo, aunque había menos parroquianos de lo habitual y a él no se le vio por allí.

Las pesquisas de la UCO a instancias de la Fiscalía Anticorrupción también otorgan al ex asesor fiscal del Montepío, José Manuel Fernández, un papel fundamental en esta presunta trama, ya que habría sido quien ejecutó físicamente todo el procedimiento de regularización del dinero de origen presuntamente ilícito con el consentimiento de Villa y de Postigo. En total, 1,2 millones de euros en el caso del exlíder minero y 436.100 euros en el caso de su lugarteniente.

El dinero de Postigo

Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que el dinero de ambos, al parecer, estaba en una caja de seguridad de una entidad bancaria en la que ninguno de los dos tenía cuenta abierta. Pero sí el que entonces era el asesor fiscal del Montepío, José Manuel Fernández. Según la investigación, fue esta persona quien ingresó todas las cantidades presentadas durante la regularización fiscal.

Así, en el caso de José Antonio Postigo, a su nombre habría regularizado 376.100 euros, y otros 60.000 en el caso de su hija Patricia. Ninguno de los dos tenían remuneraciones por su trabajo que pudieran justificar estas cantidades, según las pesquisas de los agentes de la UCO.

El expresidente del Montepío, que de aquellas aún estaba casado con Elena Pérez, habría declarado que "tenía el dinero en casa". En ese caso, no se podría haber acogido a la amnistía fiscal. También se concluye de la investigación que el dinero regularizado a nombre de su hija, en realidad le pertenecía a él.

Aún así, Postigo, su exmujer, sus hijas y su actual compañera sentimental, Dorina Bicher, habrían manejado más de 900.000 euros entre 2003 y 2015, aunque en realidad la Guardia Civil está convencida de que fue mucho más, ya que en muchos periodos de tiempo entre esos años no se registraron ni siquiera movimientos bancarios para hacer frente a gastos habituales en cualquier hogar. Esto hace pensar que se utilizaban otros fondos que no han sido fiscalizados.

El estado de Villa

Una de las claves de la "operación Hulla" y la investigación del origen de la fortuna de Villa y de Postigo es precisamente la declaración del exlíder minero. La semana pasada se le realizó un nuevo examen médico forense con el que se trataba de esclarecer su estado de salud y si era capaz o no de prestar declaración. Los expertos aseguran que sí porque tiene capacidad léxica y de comprensión con órdenes sencillas, aunque presenta cierta lentitud para ejecutar órdenes seriadas.

También indica el informe que en aquellos temas que le despiertan interés, sobre todo en los relacionados con su trabajo en el pasado, mantiene más atención y responde con mayor fluidez. Es necesario, eso sí, utilizar un lenguaje claro y sencillo y darle tiempo. Pese a todo, Villa se habría acogido a su derecho a no declarar ante la jueza.