07 de junio de 2017
07.06.2017

Las firmas que electrifican la Variante, expedientadas por repartirse contratos

Competencia investiga a 25 empresas por ponerse de acuerdo para hacerse con las obras del suministro eléctrico a las líneas del AVE

07.06.2017 | 01:35
La boca de uno de los túneles en Los Pontones (Lena), con un poste de la catenaria en primer término.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha ampliado las dudas sobre las obras del AVE mediante la apertura de un expediente sancionador a 25 empresas sospechosas de haberse repartido el mercado, de restringir la competencia y ponerse de acuerdo para distribuirse las licitaciones de los sistemas de electrificación e instalación de equipos electromecánicos en las líneas de la red española de alta velocidad. No es la primera vez. La CNMC ha tomado por costumbre la irrupción en los contratos de la alta velocidad ferroviaria para atajar amenazas contra el libre mercado y en este caso, como en otros anteriores, un buen puñado de las firmas investigadas han recibido adjudicaciones diversas en la Variante de Pajares.

Figuran entre las expedientadas las adjudicatarias de la electrificación de los túneles del paso ferroviario bajo la Cordillera Cantábrica, Alstom Transporte e Isolux Ingeniería, que se hicieron a finales de 2013 con un contrato valorado en 12,7 millones de euros. Hasta 25, en la relación de sospechosas divulgada ayer por Competencia hay filiales de las constructoras ACS, Comsa, OHL, Sacyr o Abengoa, entre otras, a las que se investiga sobre la base de indicios de posibles "prácticas anticompetitivas" consistentes en el acuerdo para el reparto de los contratos de montaje y mantenimiento de sistemas de electrificación y equipos electromecánicos en las redes ferroviarias convencional y de alta velocidad.

La CNMC no concreta las líneas que han sido objeto del reparto, pero además de Alstom e Isolux, la lista del supuesto cártel de la electrificación tiene otras empresas beneficiarias de obras en la Variante, como Siemens, que se llevó la instalación de los sistemas de señalización, seguridad y telecomunicaciones; Cobra, suyo un contrato luego revocado de electrificación de la estación de Pola de Lena, o entre otras, Instalaciones Inabensa, filial de Abengoa que se impuso en otro concurso por los procedimientos de seguridad y control de la conexión ferroviaria con la Meseta. Competencia dice haber recibido "determinada información relacionada con posibles prácticas anticompetitivas" que la llevaron a efectuar inspecciones en las sedes de las firmas Alstom, Elecnor, Cobra, Semi, Electren y Siemens. De las conclusiones de los registros se sigue la incoación de este expediente sancionador que inicia un periodo máximo de un año y medio para su instrucción.

Las sospechas de supuestas alteraciones de la normativa de defensa de la competencia en el tendido de la alta velocidad ferroviaria no son de ahora. Suenan desde hace tiempo alrededor de las adjudicaciones de obras y servicios del AVE. Hace menos de un año, en julio de 2016, coincidiendo con los primeros registros a las compañías ahora expedientadas, la CNMC sancionó por una práctica similar, repartirse contratos y acordar precios, a cuatro empresas adjudicatarias del suministro de desvíos ferroviarios para el AVE, entre ellas las asturianas Duro Felguera Raíl y Talleres Alegría, que salieron del trance con una multa para ellas y para varios de sus directivos.

Las dudas de legalidad que se ciernen sobre el tendido de las líneas de alta velocidad y sus repercusiones sobre la Variante de Pajares no se detienen aquí. En las últimas semanas, el Gobierno ha reconocido en el Congreso la apertura de expedientes para tratar de esclarecer los posibles sobornos a altos cargos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) desde empresas adjudicatarias de obras del AVE. En este asunto, del que conoce ya un juzgado de Barcelona y que se ramifica con el tendido ferroviario por casi todo el país, tiene su resonancia asturiana en el descubrimiento, en el marco de la investigación de la Guardia Civil, de una posible doble contabilidad en determinados contratos de la Variante y de 4,5 millones de euros presuntamente "inflados". En una respuesta parlamentaria, Fomento asume la apertura de los expedientes y su intención de exigir "las responsabilidades que corresponda adoptar".

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