07 de junio de 2017
07.06.2017

La jueza permite a los investigados disponer sólo de 6.000 euros y les bloquea el resto

Los coches están requisados, y todo el patrimonio personal y empresarial, paralizado

07.06.2017 | 01:35

Un máximo de 6.000 euros. Eso es lo que ha decretado la jueza titular del Juzgado de Instruccion 3 de Oviedo, Begoña Fernández, que permite a los investigados en el "caso Hulla", aunque advierte que esa cuantía puede aumentar o disminuir una vez que haya analizado la totalidad de sus cuentas bancarias y recursos económicos. El resto está todo embargado y bloqueado: coches, pisos, fincas, chalés...

Este auto judicial tiene fecha de 29 de mayo, junto un día antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y los fiscales anticorrupción inicaran el operativo de registros y detenciones en domicilios particulares y empresas de los implicados.

La medida afecta a José Ángel Fernández Villa; a su esposa, María Jesús Iglesias; a sus hijos, Ángela y Rolando; a José Antonio Postigo; su exmujer, Elena Pérez; sus hijas, Patricia y Elena, y a su actual compañera sentimental, Dorina Bicher. También al constructor Juan Antonio Fernández; el exasesor fiscal del Montepío, José Manuel Fernández, y el arquitecto, Manuel Sastre. También están bloqueadas las cuentas y bienes que figuren con las empresas Alcedo de los Caballeros; Posfer; Pravi; Selena Servicios de Mantenimiento Lena, y Autocontor, "en aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias".

La jueza ordenó el envío de su mandamiento judicial a los registros de la propiedad de Pola de Lena, Mieres, Pravia, Oviedo, Torre Pacheco (Murcia), Vélez (Málaga) y Villalón de Campos (Valladolid).

También se expidió el mandamiento a la Asociación Española de la Banca (AEB), a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), "para que den instrucciones a todos sus asociados para que de forma directa procedan al bloqueo de sumas por encima de los 6.000 euros" de todos los productos financieros o bancarios contratados por los investigados.

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