Cuando la defensa de Villa intuyó que la jueza estaba a punto de cerrar la instrucción de la querella del SOMA, presentó en el Juzgado un auténtico aluvión de peticiones de prueba, entre ellas, interrogar a 34 compañeros de sindicato. La jueza lo rechazó, ya que consideraba que con las pruebas practicadas ya había indicios suficientes para abrirle juicio. La defensa recurrió, pero la sección tercera de la Audiencia Provincial acaba de dar la razón a la jueza y rechazado las pretensiones de Villa, que hubiesen obligado a reabrir la instrucción. Además, la Audiencia condena a Villa en costas, por no haber "un mínimo motivo atendible" y rechaza que éstas tengan un carácter de castigo al exsindicalista, como sostenía la defensa, ya que eso sería admitir una parcialidad "intolerable".

El magistrado ponente, el presidente de la sección tercera, Javier Domínguez Begega, considera "insostenible" la pretensión de Villa, que denunció que la jueza no había justificado la decisión de rechazarle las pruebas. En cuanto a la impugnación de la desestimación de la "retahíla de diligencias de investigación" que propuso la defensa, el magistrado entiende que corresponde a la jueza "la competencia para la práctica de las diligencias indispensables para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho así como de los partícipes" y si la instructora entiende colmada la investigación, a la defensa solo le queda proponer las pruebas que considere oportunas en el propio juicio. Y considera "intolerable" que Villa pretenda abrir una investigación prospectiva.

Hay pendientes otros recursos, como el presentado por la defensa contra la apertura de juicio oral, pero el lunes puso otro ante la Audiencia, en el que pide que se reduzca la fianza de 434.000 euros, impuesta por la jueza, ya que el exsindicalista se ha ofrecido a devolver el Mitsubishi y los libros comprados con dinero del SOMA, y también el exceso de 24.000 euros que el sindicato pagó por la compra del vehículo. La jueza, por su parte, ha admitido una de las pretensiones de Villa, que el banco inmovilice la cantidad de 434.000 euros, en vez de ingresar el dinero en el cuenta del Juzgado.