Los principales implicados en el "caso Hulla" habrían incrementado de manera ficticia el coste de la construcción de la residencia geriátrica con spa del Montepío de la Minería en Felechosa un 51%, según un informe de un perito del Ministerio de Hacienda. Esto se habría hecho "en clara persecución de un lucro a repartir entre todos los partícipes", según consta en la investigación.

Ese porcentaje explicaría los aproximadamente 15 millones de euros que Anticorrupción calcula que fueron "distraídos" de las obras del geriátrico y que figuran en la investigación que impulsa desde abril de 2013 contra el exlíder minero José Ángel Fernández Villa; el expresidente del Montepío, José Antonio Postigo; el constructor Juan Antonio Fernández; el arquitecto Manuel Sastre; el exasesor fiscal de la mutualidad, José Manuel Fernández, y las familias y empresas de los principales implicados en la presunta trama.

La Mesa Regional de la Minería dio el visto bueno a la construcción del geriátrico de Felechosa en 2008 por un importe algo superior a los 28,8 millones de euros para las anualidades de 2008 y 2009. Pero el convenio suscrito entre el Montepío de la Minería, que presidía José Antonio Postigo, y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) elevó esa cuantía hasta casi los 31 millones de euros. Se justificó en la inclusión de todos los proyectos y labores realizadas dos años antes.

Según la investigación, "la intervención y connivencia" de los implicados -también las familias- "aparece indiciariamente vinculada al incremento en un 51% del importe de la obra subvencionada que carecía de justificación (...), en clara persecución de un lucro a repartir entre todos los partícipes". Y añade que no sólo con el "desvío de fondos públicos" procedentes de los fondos mineros, sino también privado y "propios del Montepío" de la Minería.