Hasta al 8% llegaban las comisiones que tenían que abonar las empresas subcontratadas que querían participar en la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa. Esta información habría sido revelada por empresarios a la Fiscalía Anticorrupción y a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), según confirmaron fuentes próximas al caso. El abono se realizaría en metálico en el bar que Juan Antonio Fernández, el dueño de la constructora Alcedo de los Caballeros, tiene en Pola de Lena. Todos estos extremos forman parte de la investigación que mantiene abierta el Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo.
El sistema era, al menos en algún caso, que el contratista que se quería hacer con la obra debía facturar por el total, y por tanto pagar IVA e impuestos por esa cuantía total. Pero en realidad cobraba el 8% menos.
Un ejemplo ficticio. La obra eléctrica se presupuestaba en un millón de euros. La subcontrata que ejecutaba el trabajo facturaba por esa cantidad, y por tanto tenía que declarar el IVA correspondiente y también los beneficios y pagar los impuestos. Pero en realidad cobraba 920.000 euros.
Los 80.000 euros de diferencia eran la comisión que, según se trata de aclarar en la investigación, se repartirían los principales implicados en esta presunta trama: el exlíder minero y político José Ángel Fernández Villa; el expresidente del Montepío de la Minería José Antonio Postigo; el constructor Juan Antonio Fernández. En esta parte no está tan claro el papel del aparejador Manuel Sastre (el único para el que Anticorrupción no pidió prisión ni fianza), y el exasesor fiscal de la mutualidad, José Manuel Fernández.
Las fuentes consultadas indicaron que no siempre era el 8%, sino que esa comisión era variable, en función del tipo de trabajo que se tratara y del montante. También indicaron que "no se pedían presupuestos ajustados ni que se bajaran precios". Pero al parecer también hubo empresas a las que se les ofreció algún contrato menor y al conocer las condiciones lo habría rechazado porque "la mordida era el beneficio que se podría llevar si hacía la obra, y al saber que había que pagar en negro, se negaron a ello".
El informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) se refiere a "los indicios recopilados e interrelacionados" durante la investigación: sobre el presunto trato de favor dispensado a Juan Antonio Fernández y por los que este empresario obtiene unos significativos ingresos; su relación con Postigo; las irregularidades cometidas durante la ejecución de la obra de Felechosa -como sería el presunto sobrecoste y el desvío de las unidades de obras ejecutadas-, así como las declaraciones recogidas que atestiguan la existencia de comisiones en torno a ese proyecto, y que se pagaba un % en efectivo en un bar de Pola de Lena propiedad del constructor. Con todo ello se "pone de manifiesto, al menos indiciariamente, que el presunto incremento patrimonial no justificado de Postigo podría tener su origen en el presunto cobro de comisiones ilícitas".
También se indica que Juan Antonio Fernández movía cantidades de dinero en metálico de origen "indeterminado" que podían proceder de las irregularidades de Felechosa. Pero añade que sus empresas podían ser el canal utilizado por Postigo para recibir "los frutos de la gestión fraudulenta".
