El Ministerio de Fomento tendrá que pagar 182.213,90 euros a la dueña de una finca que Adif expropió por 266,81 en 2006 para la construcción de la línea ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) León- Asturias. Así lo establece una sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado, tras estimar parcialmente el recurso interpuesto por una vecina de Campomanes (Lena). "Ella y su marido están como si les hubiese tocado la lotería", asegura el abogado Arturo Fernández-Vigil, que consiguió demostrar que las obras de los túneles de Pajares supusieron la eliminación del único acceso rodado a la finca expropiada y su colindante, imposibilitando el aprovechamiento forestal de ambas.
La sentencia, de fecha 5 de junio, descarta la fiabilidad del informe del perito que valoró en 266, 81 euros la parcela expropiada de 120 metros cuadrados en Sotiello (Lena). Esta cifra, indican los magistrados María José Margarita y José Ramón Chaves, "resulta carente de razón objetiva sobre los valores de partida manejados al valorar el suelo". Por eso, elevan la expropiación a 203.330,74 euros, aunque le aplican la "lógica reducción" del 35% porque el recurrente "mantiene la propiedad, no todo el valor de la finca descansa en su valor económico y no puede descartarse que en un futuro a medio o largo plazo puedan restablecerse los accesos".
La cantidad total es entonces de 132.165 euros, a la que hay que sumar más de 50.000 euros de intereses y que hacen 182.213,90 euros, según estimaciones del abogado Arturo Fernández-Vigil. "La indemnización es asombrosa comparada a la que dieron hace diez años. Y puede ser mayor, porque a medida que pase el tiempo y no paguen, los intereses aumentan", explica Fernández-Vigil, delegado de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas en Asturias. El recurso de la dueña de la finca se apoyó principalmente en la destrucción del acceso de vehículos a ese terreno y al colindante, que se utilizaban para la producción de madera. Con la anulación del camino, se confirmó "la imposibilidad de su aprovechamiento forestal", que hace "antieconómicas" las dos parcelas. "Estamos ante una privación singular de un derecho público real (el derecho al uso de vial público para acceder al terreno) que debe merecer valoración indemnizatoria por su serio impacto negativo en la esfera de derechos e intereses del recurrente", detalla la sentencia. En el escrito de conclusiones, Arturo Fernández-Vigil cita informaciones de LA NUEVA ESPAÑA referidas a los corrimientos de la ladera del túnel que sufrió la finca expropiada. Demostrar todo ello no fue fácil, pues "nos perdieron el expediente y la pericial", como señala el abogado.
