12 de junio de 2017
12.06.2017
Las ramificaciones de la "operación Hulla"

El fiscal investiga al Gobierno de Zapatero por amañar la subvención del geriátrico

Anticorrupción advierte una connivencia entre altos cargos socialistas y del SOMA para tramitar las ayudas, de las que Villa y Postigo se apropiaron

12.06.2017 | 01:23

El fraude del Montepío fue posible gracias a que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero varió ilícitamente las condiciones para la concesión de los fondos mineros con el fin de que el Montepío de la Minería se beneficiase de una "sobredimensionada" subvención de 32 millones de euros. LA NUEVA ESPAÑA ya publicó hace ocho días que los interventores del Instituto del Carbón ya habían detectado las anomalías, pero ahora es la Fiscalía la que denuncia, en la querella de la "operación Hulla", la connivencia entre altos cargos socialistas y los líderes del SOMA para alterar los procedimientos y facilitar una lluvia de fondos públicos "sobredimensionada" para el proyecto del geriátrico, parte de los cuales se desvió a los bolsillos de José Ángel Fernández Villa y su mano derecha, José Antonio Postigo. Ese sería "el origen principal" del dinero que regularizaron en la amnistía de 2012, utilizando además excusas "mendaces", como la recepción de una herencia, en el caso del exsecretario general del SOMA.

En la querella de la "operación Hulla", Anticorrupción resalta, según publica "El Mundo", la "connivencia" entre las autoridades del Gobierno y los líderes del SOMA, hasta el punto de que antes de que se allanase el camino para que el Montepío recibiese la subvención, éste ya había decidido qué empresa iba a realizarla, Alcedo de los Caballeros, cuyo propietario, Juan Antonio Fernández, fue detenido en la última operación.

El papel decisivo de Villa

Según Anticorrupción, Villa tuvo un papel "decisivo". Era "una persona de notable poder de decisión y de influencia social, económica y política en el Principado" señalan en un pasaje de la querella, clavado a algunas de las frases que aparecen en el informe de la UCO que ya se hizo público el año pasado. Fue Villa quien colocó a Postigo al frente del Montepío en 2006 y quien influyó en la concesión de la subvención a una entidad privada por parte del Instituto del Carbón (IRMC), "pese a que la normativa no lo permitía". Para ello aprovechó su influencia como antiguo miembro de la ejecutiva federal del PSOE, senador y diputado.

La Fiscalía tiene puesto el ojo en este Instituto del Carbón y también en el proceso de concesión, suscrita en diciembre de 2008 por el Secretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín Uribe, hoy en la empresa privada. Los fiscales creen que se falsearon y ocultaron datos esenciales, simulando que se daban los requisitos para la concesión de una subvención por otro lado excesiva para la obra que se pretendía hacer. La querella llega a indicar que se creó un procedimiento de licitación ficticio.

Para la Fiscalía, el fraude estaría en el origen de la subvención, lo que conllevaría una participación de miembros del Gobierno de Zapatero, motivo por el que se investigan los delitos de prevaricación, cohecho y malversación, que afectan funcionarios y autoridades del Estado. Una vez recibido ilícitamente el dinero, añaden los fiscales en la querella, Villa y Postigo se lo repartieron y lo legalizaron en la amnistía fiscal de 2012 a través del asesor José Manuel Fernández -también detenido-, aduciendo Villa una herencia ficticia.

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